Despistados en el mar de la globalización

Despistados en el mar de la globalización

Acabo de regresar de un viaje por Centroamérica, donde tuve la ocasión de ver que en el debate sobre cómo mejorar los servicios públicos, tales como la administración del agua, está muy presente la posible entrega de concesiones a empresas extranjeras. Con tristeza reflexioné sobre cómo culturas, que hace cientos de años sabían bastante acerca de la administración de sus propios sistemas de agua, hoy han claudicado en su esfuerzo.

Hay una película juvenil llamada Clueless, que en español equivaldría a Despistado y que teniendo tres hijas, he tenido que ver varias veces. En esta película, la muchacha, al tratar de obtener el certificado de conducir, es regañada por el examinador por no saber estacionar, a lo que ella esgrime como excusa que en todos los lugares existe valet parking. Hoy, ante las dificultades de lograr que nuestros servicios públicos sean eficientes, siento que muchos responden en forma similar con un: '¿para qué esforzarnos, si para eso hay inversionistas extranjeros?

Cuando para dar un buen servicio público sean indispensables considerables recursos financieros o tecnologías avanzadas, como las que hoy existen el sector de telecomunicaciones, es posible que un país no tenga más alternativa, que la de concurrir por ante los inversionistas extranjeros para plantearles un negocio. Pero en el caso de proyectos, donde lo único que en verdad se necesita es una buena administración y lograr definir las relaciones con la comunidad en términos de calidad, monto de las tarifas y disposición del pago de éstas renunciar al esfuerzo de buscar una solución dentro del ámbito nacional, siembra de interrogantes a nuestra ambición de nación.

Se podrán preguntar ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la administración del agua o la distribución eléctrica con la vigencia de una nación, y la respuesta probablemente tendría que ser: 'directamente, nada'. No obstante y por cuanto construir una nación no es tarea fácil y requiere como mínimo, que la sociedad aprenda a resolver por sí sola sus propios asuntos, solventar los problemas de electricidad o de agua sobre la base de una ayuda externa, pudiese entonces equivaler a unos padres que haciéndoles las tareas a los hijos, les aseguran a ellos una buena nota, pero también el que no aprendan nada.

Se conoce que muchas de las actuales presiones, que terminan por crear las condiciones que propician la venta de concesiones de los servicios públicos a empresas extranjeras, provienen de los entes multilaterales. En ocasiones me he preguntado si tales entes, que tanto predican que más importante que dar de comer, es enseñar a pescar, no se dan cuenta de que lo que proponen es que vendamos el mar.

En Venezuela estamos cerca de reiniciar los procesos de privatización de ciertos servicios públicos y, en tal sentido, considero oportuno plantearnos, sin complejos, la pregunta sobre si los inversionistas extranjeros deben o no tener acceso a los mismos. Hago referencia a lo de sin complejos, por cuanto presiento que muchos sufren hoy de unos complejos de insuficiencia globalizadora, que con creces supera los algo exagerados complejos nacionalistas de hace unas pocas décadas.

Entonces, ¿qué debemos hacer para permitir y asegurar la presencia de intereses nacionales en las privatizaciones que se avecinan? Ante nada creo que es importante reconocer que la manera como se plantee el proceso privatizador, tenderá a ahuyentar o a atraer al inversionista nacional.

Por ejemplo, si para el caso de la privatización de una distribuidora eléctrica, el Estado desea obtener un pago importante en la subasta, el cual deberá sumarse a los requerimientos de inversiones eléctricas propias, la inversión total será tan grande que tenderá a descalificar al inversionista nacional. Si por el contrario, los activos eléctricos fueran, por ejemplo, entregados en usufructo a quien ofrezca cobrar las menores tarifas, los nacionales tendría una mejor posibilidad de participar.

Por último y buscando apoyo por eso de que nadie es profeta en su propia tierra, me permito traer como referencia unas declaraciones que hace poco oí a David Montgomery, Visconte del Alemein, hijo del general Montgomery (Monty) y nuevo embajador de Inglaterra en México, donde sostenía que él simplemente no podía comprender cómo Argentina había vendido todas sus empresas de servicios públicos a inversionistas extranjeros. Yo tampoco lo comprendo, pero de lo que sí estoy seguro es que a menos que aceptemos perder a nuestro país en el mar de la globalización, debemos marcar con mayor claridad algunas posiciones limítrofes y no me refiero sólo a las fronteras geográficas.

¡Qué fastidio! Con tanto sitio para globalizar, ¿por qué quieren hacerlo justo aquí?

El Universal

LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA VISTA COMO UNA FRANQUICIA.

De acuerdo con la nueva Ley Eléctrica, para la determinación de las tarifas de distribución de electricidad, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (el Regulador) debe fijar criterios sobre lo que debe ser una rentabilidad acorde con el riesgo de las actividades que realicen (las empresas de distribución eléctrica), en condiciones de operación eficiente. Esta tarea, resulta a todas luces muy difícil debido a lo subjetivo que puede resultar tal evaluación. Algunos quizás se consuelen al saber que los Reguladores eléctricos de casi todos los países se enfrentan a problemas semejantes.

En lo siguiente sugerimos un método de análisis, que aún cuando sencillo, puede ayudar a desarrollar y validar una estructura tarifaria razonable para Venezuela. Su sustento teórico radica en una valuación por parte del mercado, de allí que seguramente cuente con el agrado de quienes defienden la validez del mismo para direccionar la economía; pero tiene la peculiaridad de que también sería el propio mercado, el que limitaría el posible abuso de una posición de monopolio, como el de la distribución eléctrica.

El esquema propuesto se inspira en la forma como normalmente se determina el valor de una franquicia de servicios, es decir, midiendo la utilidad que debería poder obtener un franquiciado, técnicamente calificado, por el derecho de proveer servicios a unos consumidores dentro de un área geográfica determinada.

A tal fin, si estimamos (o nos ponemos de acuerdo) que el negocio de distribución eléctrica debe generar una ganancia promedio de US$ 0,50 por habitante/mes entonces, en una ciudad como Caracas con aproximadamente 4 millones de habitantes, estaríamos hablando de US$ 2 millones al mes y de alrededor de US$ 25 millones por año. Como el negocio de distribución eléctrica es muy seguro (si suponemos que quien lo maneja sabe lo que hace) un franquiciado calificado podría estar satisfecho con una tasa de rendimiento del 10% anual medido en dólares, por lo que el valor de la franquicia eléctrica de Caracas sería de US$ 250 millones (25/.10).

Las tarifas deben cubrir todos los costos de operación, así como los de las inversiones que deban hacerse, pero si están bien calculadas, las acciones del negocio–franquicia deberían valer justamente los US$ 250 millones. Si difieren de este monto, el Regulador debe actuar. Si las acciones llegan a valer más, por ejemplo US$ 400 millones, las únicas explicaciones aceptables serían: o que el negocio es mayor de lo que se pensaba (más población, consumo per cápita, etc) o, lo más probable, que las tarifas son demasiado altas, en cuyo caso el Regulador procedería a bajarlas. Si por el contrario, el negocio sólo vale US$ 150 millones, podemos concluir o bien que la gestión es poco eficiente, o que las tarifas son demasiado bajas. En este caso, el Regulador, usando otros tipos de benchmarking para medir la eficiencia de la gestión, podrá decidir si aumenta las tarifas o las mantiene en su nivel actual, con el fin de obligar al mercado a sustituir a los responsables de tal ineficiente gestión.

Por supuesto, la metodología que aquí se asoma requiere de la existencia de un mercado abierto, en el cual se transen las acciones libremente y hace necesario prohibir la dominancia de ciertos bloques de accionistas, por ejemplo, nadie debe de forma individual controlar más del 30% del capital.

De lograr establecerse unos valores razonables para la franquicia, creemos que además se podría mejorar mucho la eficiencia del proceso de privatización. Por ejemplo, en lugar de adivinar un pliego tarifario que logre atraer el interés de un comprador (o elevarlo artificialmente para maximizar las ganancias en la venta) simplemente se decretaría un valor razonable del negocio y se adjudicaría la concesión a quien, pagando el precio, ofrezca las menores tarifas iniciales.

Reconocemos que lo propuesto puede resultarle difícil de digerir a un Regulador tradicional, quien toda su vida ha tratado de manera determinística (y probablemente infructuosa) de enfocar las tarifas como una construcción de abajo hacia arriba, es decir, tratando de indagar y sumar todos los detalles relativos a inversiones, costos y ganancias razonables. El esquema descrito parte de la premisa de que un inversionista no sólo conoce y está dispuesto a invertir lo necesario para accesar las utilidades del negocio de distribución eléctrica, sino que también sabe cuál es la mezcla de recursos deuda-capital que más le conviene. Entonces, en lugar de creerse Mandrake el Mago y buscar medir todo, el Regulador, con la ayuda del mercado, lo que mediría y limitaría ante nada serían las aspiraciones de ganancias.

Alguien podría objetar, que limitar las aspiraciones de ganancias quizás afectaría la calidad del servicio o el interés por invertir en el sector. Aún cuando así fuese, la verdad es que la distribución eléctrica es hoy en día una actividad monopolística y, como tal, simplemente debe tener sus ganancias limitadas. Por cierto, lo anterior no impide que se regule que una cierta porción de la tarifa esté en función del cumplimiento o no de ciertos objetivos o estándares de calidad. Además, nunca debemos olvidar que el negocio eléctrico no es exageradamente complejo, lo que requiere es de un sentido gerencial de “austera disciplina”, que justamente puede ser incentivado con una mayor estabilidad y una limitación implícita de las ganancias. En este sentido, es tradicional que empresas de servicio público reguladas, logren satisfacer sus nóminas a menor costo, al ofrecer mayor estabilidad de trabajo.

El lograr una valorización de las franquicias de distribución – el valor del negocio – el punto – y que éste sea conocido, también facilitaría todos aquellos procesos en los que se necesita de un valor referencial, tales como en la reversión de concesiones o en la recompra por el Estado a cuenta del interés público. Una concesión para un servicio público es un asunto de buena fe de parte y parte, por lo que nunca he creído que la responsabilidad por unas tarifas razonables, sea exclusivamente del Regulador. Como consumidor, vería con mucho interés un sistema donde quien esté dispuesto a ofrecer, de manera garantizada y por un período dado, tarifas sustancialmente menores por el mismo servicio, tenga la posibilidad de hacer una oferta pública de comprar la franquicia. En tales circunstancias tampoco sería justo que el vendedor, quien en base a una negociación con el Regulador, ha logrado, como dicen, montar al consumidor en la olla, sea quien se beneficie de la venta.

Otra ventaja que podría derivarse de adoptar un modelo de decisión tarifaria, basado en mantener el valor de la franquicia, sería la de ayudar a reducir el nivel del riesgo percibido en el negocio, lo cual probablemente atraería a capitales, que con sus bajas aspiraciones de rendimiento, son al fin y al cabo los que terminan fomentando unas menores tarifas.

Lo sugerido no implica en forma alguna que el Regulador no deba tener a su disposición toda la información precisa y detallada del sector eléctrico, la cual siempre le puede ser necesaria para validar sus decisiones, especialmente cuando la mano invisible del mercado sea temporalmente peluda.

Publicado en Economía Hoy el 12 de septiembre de 2000

Notas sobre el valor del agua

Durante las últimas semanas he tenido la ocasión de reflexionar sobre el valor del agua y es por ello que hoy he querido compartir con Ustedes algunos de mis apuntes al respecto. 

El rango del valor del agua es casi infinito y abarca, desde un valor cero, que puede llegar a ser negativo (costo), cuando se encuentra excedentaria y produce desastres como los del Diciembre pasad; hasta un valor ilimitado, cuando la misma es indispensable para sobrevivir. Esos dos valores extremos los he ejemplificado en este artículo, como el valor del agua en la represa del Guri y el valor del agua mineral importada.

¿Cuánto vale un litro de agua en el Guri? Apartando la belleza de los embalses, el valor del agua del Caroní está estrechamente relacionado con la electricidad que produzca. Para efectuar tal cálculo, deben tomarse en consideración una serie de factores, entre ellos, los siguientes:

¿Cuánta electricidad genera? Mientras mayor sea la caída del agua, mayor el número de sitios para aprovecharla y mayor la eficiencia de las turbinas instaladas, obviamente que más será la electricidad que genera el agua y, por lo tanto, mayor su valor.

Abundancia o escasez. A veces el agua es tan abundante, que simplemente hay que dejarla correr por los aliviaderos, en cuyo caso no vale nada, otras veces escasea tanto, que su valor está en función del costo del racionamiento de la electricidad. Si un racionamiento sólo implica privarse un par de horas del uso del aire acondicionado, su valor no es tan grande, pero, si tal racionamiento le corta la luz a un quirófano durante una operación de corazón abierto, su valor es infinito.

El costo alternativo de la electricidad. Si el agua se usa para producir electricidad, es lógico que mientras más costoso resulte producirla por otra vía, mayor valor tendrá el agua. Por el contrario, si en Venezuela donde abunda el gas, se decide practicamente regalar éste para producir electricidad y las turbinas a gas cada día son mas eficientes y consumen menos gas para generar, entonces obviamente menos habrá de valer el agua en el Guri.

Las posibilidades de transmisión. De nada nos sirve lograr generar la electricidad del Bajo Caroní, si no la podemos transmitir luego a los lugares donde se encuentra ubicada la demanda. Bajo esta perspectiva, el valor del agua también estaría en función directa de la capacidad y eficiencia del sistema de transmisión, es por ello que me ha sorprendido que en la nueva Ley del Servicio Eléctrico, el Estado se haya reservado la generación hidroeléctrica en las cuencas de los ríos Caroní, Paragua y Cuara, sin haberse reservado la transmisión a los principales sitios de consumo de la electricidad allí generada. 

Por todo lo antes expresado, no resulta fácil cuantificar el valor del agua y debemos valernos para ello de modelos e instrumentos matemáticos, como programación dinámica estocástica y programación lineal. Describir cómo funcionan tales herramientas no es el propósito de este artículo, basta saber que permiten evaluar si el agua debe ser usada para generar electricidad hoy o, si por el contraria es mejor dejarla almacenada en el Guri para un futuro, corriendo incluso el riesgo de desperdiciarla, por una sobre abundancia.

He visto algunos cálculos del valor agua en el Guri. Entre ellos, un modelo presentado por el Ing. Alberto de Lima de la empresa Idese C.A., donde los valores fluctuaban, según las circunstancias, entre US$ 1.000 y US$ 45.000 por cada millón de metros cúbicos de agua, lo que equivale aproximadamente, a un valor de entre 0.07 y 3.15 cts. de bolívares por cada litro de agua con un valor mediano, que podría ubicarse alrededor de los 0.15 cts. de Bolívar. 

Lo anterior no parece mucho pero al considerar que el Bajo Caroní, con su generación eléctrica, hoy le ahorra al país, alrededor de 350.000 barriles de petróleo diarios y que tal ahorro será mayor en la medida en que se desarrolle todo su potencial, observamos que a US$ 30 por barril, estaríamos hablando de montos cercanos a los 10 millones de dólares diarios.

Hablemos ahora de otros valores del agua. Según entiendo, un camionero en la Isla de Margarita adquiere de Hidro Oriente el agua en 6 cts. de Bs. por litro y los revende a 1.50 Bs. por litro colocados en la puerta de su casa. Un botellón de agua potable de 25 litros cuesta 50 Bs. por litro y si queremos aplacar la sed con una botellita de agua local, hay que estar dispuesto a pagar alrededor de Bs. 400 por litro.

El premio de la especulación se lo gana el agua importada, donde el precio al detal, de acuerdo al tamaño de la botella, oscila entre 1.400 y 3.500 Bs. por litro. Cómo alguien paga esta cantidad por el agua resulta tan dificil de explicar que, por ejemplo, las autoridades francesas se han visto en la necesidad de decretar públicamente a este tipo de agua, como de interés nacional, lo que por supuesto es impreso en la botella.

Por cierto, hablando de agua importada (o agüita, como dirían algunos de mis “finos” compatriotas) me recuerdo que la última vez que revisé una etiqueta observé que ésta proporcionaba información precisa e importante sobre su “Contenido Nutricional” en los siguientes términos: Calorías 0, Total grasa 0 g = 0% del Valor Diario (VD), Sodio = 0 mg = 0% del VD, Carbohidratos 0 g = 0% del VD y Proteínas = 0 g = 0% del VD. Es por ello que cuando al tomarme ayer una botellita de agua en Margarita y estupefacto leí que, en lugar de los ceros franceses; contenía un Ph de 7.4, calcio 24, magnesio 14, hierro 0.1, sulfatos 20, cloruros 15 y fluor 0.9, me pregunté si su mercadeo estaría basado en ofecer más producto por el dinero. 

Hace una semana, en una tienda al mayor, observé a un venezolano comprar agua francesa a Bs. 860 el litro, lo que equivale a US$ 1.25, lo que a su vez equivale al precio de un litro de gasolina en Francia. No sé cuánto le quedará al productor francés por su agua, pero a Venezuela, por nuestra gasolina, no nos toca más que US$ 0.25 por litro, es decir Bs. 170, ya que el Fisco francés se apropia en impuestos de casi US$ 90 cts por litro (Bs. 620), o sea el 360% de lo que recibimos nosotros por liquidar un recurso natural no renovable.

Hago la anterior reflexión para poner en evidencia el inmenso valor educativo, que para nuestra juventud podría tener el enviarla, así sea un solo día, a discutir sobre materias energéticas, a orillas de la inspiradora represa del Guri.

Si en este artículo no he mencionado el precio que pagamos por el agua que recibimos por las tuberías en nuestro hogar, ello ha sido a propósito. Averiguarlo es la primera tarea de una asignación que debe ser obligatoria para todo venezolano. Otra tarea, ya más avanzado el curso, sería la de calcular el valor del agua para nuestra agricultura.

Otro muro de contención contra el petróleo

Como consecuencia de las recientemente promulgadas leyes de electricidad y de gas, el país se encuentra sumergido en un proceso de reorientar su política energética. ¡A buena hora! El observar que próximamente se dará inicio a la exportación de hidro-electricidad a Brasil, mientras que en la Isla de Margarita se quema fuel-oil para generar electricidad, es suficiente evidencia de que nuestro actual modelo debe ser urgentemente revisado.

Durante el referido proceso, los que con mucha honra hemos sido llamados a participar en él, tenemos la oportunidad de estudiar de cerca las recientes transformaciones que, especialmente en el sector eléctrico, han ocurrido en muchas partes del mundo. Dentro de las reformas, uno de los principios que se aplica en la mayoría de los países es el de introducir una cierta competencia en el área de la generación eléctrica. Como se sabe, la libre competencia forma parte de aquellas políticas económicas, que predican la eficiencia del mercado en la asignación de los recursos y, en tal sentido, va mano a mano con las políticas de apertura de mercados. 

Muchos de ustedes conocen de los esfuerzos, que durante años he hecho, a través de la ONG Petropolitan, para informar y protestar sobre los impuestos, que los países desarrollados aplican a los derivados del petróleo, que afectan la demanda por el petróleo y, por ende, disminuyen las ventajas comparativas de un país como el nuestro. Siempre me ha parecido injusto que Venezuela abra su economía, sin ser correspondida con un tratamiento equitativo.

Pues bien, el viernes con mi curiosidad picada por unos comentarios que le oí a consultores del sector eléctrico, busqué en la página web de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico de España (CNE) y en su informe sobre el funcionamiento del mercado eléctrico en el año 1998, encontré evidencias de que la discriminación a la cual estamos sujetos en materia petrolera se extiende mucho más allá que a los solos impuestos.

En su informe la CNE, refiriéndose al orden de entrada de los distintos generadores al mercado, dice con cierto orgullo que “la Directiva establece que el orden de funcionamiento se basa en un orden de precedencia económica, establecido con criterios transparentes y no discriminatorios.” No obstante, resulta que la declaración anterior es sólo otro ejercicio de hipocresía, por cuanto más tarde se lee que “al margen del principio de competencia, podrá darse preferencia a instalaciones basadas en….. fuentes primarias autóctonas” - léase carbón.

El informe de la CNE española constituye, sin lugar a dudas, una bofetada para un país petrolero como Venezuela, que le ha abierto todos sus mercados a España. A continuación, me permito transcribir parte de dicho informe.

“Las primas al carbón autóctono tienen una influencia importante ….. puesto que alteran el orden económico de despacho, convirtiendo el carbón autóctono en un combustible más barato que las otras alternativas.” - “en los primeros meses de 1998 la generación térmica convencional en funcionamiento es de carbón quedando los grupos de fuel – gas en una posición meramente testimonial”

El informe de la CNE nos indica que en España durante 1998 la producción total de electricidad fue de 150.701 GWh. De ésta, el 21.4% era hidráulica, el 37.2% provenía de fuentes nucleares, el carbón significaba la fuente más importante con un 37.9%, mientras que, finalmente, el fuel-oil y el gas representaban, en conjunto, sólo un 3.5% de la generación total.

Por supuesto que el carbón en condiciones normales no puede competir con los hidrocarburos, por lo que el no usar estos últimos tiene un costo. En tal sentido, observamos que en 1998, de acuerdo al CNE, se pagaron 55.021 millones de pesetas en incentivos al carbón autóctono, cifra nada despreciable al notar que las compras totales de energía primaria sumaron 885.214 millones de pesetas.

De los 55.201 millones de pesetas pagados en incentivos o subsidios por el consumo de carbón español se observa, que los principales receptores son el Grupo Endesa con 26.369 millones y Unión Fenosa con 13.645 millones de pesetas. Cabe recordar que ambas empresas son conocidas dentro de Latinoamérica, donde participan activamente en los procesos de privatización, siempre predicando, por supuesto, el evangelio de la libre competencia. 

Los subsidio al carbón constituyen una flagrante violación de todos los principios vigentes en cuanto a la no discriminación, que supuestamente debe regir las normas del comercio internacional. Ya quisiera yo verle la cara a los grupos bancarios españoles si de pronto, la Superintendencia de Bancos en Venezuela dictase una regulación similar, como pudiese ser la de que todos los fondos de los venezolanos que sean depositados en bancos cuyos accionistas son 100% de venezolanos, reciban del Estado una prima de intereses - para incentivar el capital autóctono.

España no es de manera alguna la única hipócrita en materia energética. En la Directiva de la Unión Europea sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad, dictadas en Diciembre de 1996, se indica la voluntad por constituir un mercado interior de energía eléctrica de acuerdo a los principios de la libre competencia. Me pregunto ¿cuán flexibles deben ser tales principios cuando, según la CNE de España, los discriminatorios incentivos al carbón se ajustan sin problema a tales normas?

¿Cuántas evidencias más sobre la discriminación, a que estamos expuestos como país petrolero, necesitamos antes de lograr comprender la necesidad de defender activamente nuestro petróleo? ¡Vuelvan caras!

El portal Venezuela

El portal Venezuela

El Dr. Ricardo Zuluaga, para quien la venezonalidad de la Electricidad de Caracas (EdC) le corre por sus venas al ser hijo de su fundador, finaliza unos comentarios suyos sobre la reciente OPA diciendo: “Es el precio de pensar en grande, de globalizadores pasamos a globalizados”. Creo que nadie, excepto los más extremistas Darwinistas económicos, puede leer esas declaraciones sin que se le forme un nudo en la garganta.

De la misma manera como, con honor, valentía o estupidez, o una mezcla de éstas, las caballerías polacas enfrentaron los tanques de Hitler, Venezuela se ha lanzado a la globalización, y hoy, sin que ocurra de manera tan pública como con la EdC, presiento que todo el país está sujeto a una OPA hostil, por lo que ya muchos de los accionistas minoritarios han vendido y se han mudado al exterior. 

Antes de tirar la toalla y simplemente buscar el mejor precio de venta, creo que los venezolanos, aún aquéllos como yo, que por ser de primera generación no podemos hablar mucho de que nos corre sangre venezolana por las venas, tenemos la obligación de seguir y seguir buscando fortalecer las defensas de nuestro país. Lo que sigue es otro esfuerzo, puede que de poco significado, pero que, piedra a piedra, espero ayude a construir una línea de defensa más efectiva que la Línea Maginot.

Vivimos en un mundo donde si bien hay escasez energética, Venezuela, sin embargo, es un país donde ésta abunda. Igualmente, vivimos en un mundo donde cada día es mayor la renta que los países desarrollados derivan de fuentes como los derechos de propiedad intelectual, marcas y patentes, pero donde Venezuela, no sólo que ni los tiene, sino que, tal como están las cosas, tampoco tiene perspectivas realista de conseguirlos.

Lo anterior evidencia, con toda claridad, la necesidad que tenemos de desarrollar, desde nuestra muy propia perspectiva nacional, una capacidad de análisis sobre una serie de tópicos nuevos relacionados con la economía global.

Hace pocas semanas, en un artículo que titulé: “Nuevas profesiones venezolanas para un nuevo milenio”, señalé la importancia de que nuestras universidades revisen la vigencia de los pensa y de las carreras que hoy ofrecen. En esa ocasión, también sostuve que la sola posibilidad de introducir nuevas áreas de estudio, serviría para estimular las reformas, que de todas maneras se necesitan introducir con urgencia en nuestro sistema de educación superior.

Hoy, como complemento de lo anterior, propongo establecer un centro nacional de información, un portal para asistirnos en la búsqueda de información en la Internet, sobre asuntos y desde la perspectiva de Venezuela.

El Portal Venezuela, como pudiera llamarse, en su fase inicial podría estar conformado por una serie de buscadores, conocidos en inglés como search engines, con el objeto de rastrear y ubicar toda la información existente, que cumpla con ciertos parámetros indicados. Ahora bien, considero que esos buscadores deberían ser especializados por cuanto, en la actualidad, la mayoría de los existentes en la red, como lo son Yahoo, Altavista y tantos otros, no son lo suficientemente eficientes, dado su diseño general. Se requiere de un buscador, capaz de ordenar la información, según el tema, en unidades de estudio fácilmente identificables, que evite dentro de lo posible las repeticiones que surgen cuando un documento es identificado en muchas formas y que igualmente asegure la existencia real del documento.

No propongo crear una OCEI virtual burocrática, sino más bien visualizo la posibilidad de que cada universidad venezolana se responsabilice por alimentar y supervisar un buscador especializado para una materia específica, contando para ello con la asesoría de una empresa de servicios altamente capacitada, que luego será la encargada de agrupar los distintos buscadores en El Portal Venezuela.

Entre los temas venezolanos que pudieran seleccionarse para una búsqueda especializada, pudiéramos incluir el de los impuestos inspirados en la protección ambiental - conocidos como el ecotax, que constituyen, en manos de las economías que desean apropiarse de nuestros recursos energéticos a bajo costo, unos verdaderos misiles de largo alcance, armados de una gran capacidad destructiva para nuestra economía. Hoy en día, para buscar cualquier información sobre el tema, se requiere disponer de horas para poder saltar como un canguro, de buscador en buscador, a fin de sacar con cucharilla algún material relevante.

El comercio internacional, la libre competencia, la actividad regulatoria del estado, la energía, la materia de derechos de autor y la protección ambiental en general también podrían ser áreas de interés a ser incluidas dentro de este Portal.

El Portal Venezuela permitiría igualmente hacer accesible una serie de información, que si bien es de gran importancia y relevancia para todo el país, sin embargo, hasta ahora, se ha mantenido como monopolio de pequeños grupos con conflictos de interés o clubes de mutua admiración, lo cual ha hecho que la participación venezolana en el mundo global, haya sido de naturaleza ilusa e infantil. 

El éxito del Portal de Venezuela, dependerá en gran medida del interés que pueda despertar en el ciudadano común y del intercambio de opiniones multidisciplinarias, que con un interés nacional, pueda surgir.

Los avances logrados con Internet constituyen para los países en vías de desarrollo una oportunidad única de mejorar su posicionamiento en el desarrollo mundial. En Venezuela existen una gran cantidad de jóvenes profesionales muy capacitados para ser nuestros baquianos en ciberespacio. Lo lastimoso es que, en la medida de que todo ese talento se limite al desarrollo de aplicaciones secundarias, como las de proveer información sobre turnos de farmacia, es obvio que el Internet no habrá de significar, en términos relativos, absolutamente nada para el país.

LA ELECTRICIDAD DE CARACAS QUE YO QUIERO

Como la mujer en la canción de Serrat, la Electricidad de Caracas (EdC) que yo quiero, no debería necesitar deshojar cada noche una Margarita, en un me compran - no me compran. La EdC que yo quiero no parece fruta jugosa, más bien una competente y sub pagada conserje, nada vanidosa.

Como un consumidor de electricidad que vivo en Caracas amarrado a la EdC, mi objetivo es simplemente recibir un buen servicio al menor costo posible. Con un objetivo tan limitado es posible que algunas de mis reflexiones, sobre la reciente oferta publica hecha por las acciones de la EdC, puedan diferir en algo de las de un accionista.

Sólo para comenzar, cada vez que oí sobre el cacareado alto valor de la EdC, y a sabiendas de que con toda seguridad la mayoría de los ingresos de la empresa provienen del bolsillo de consumidores como yo, que tiemblan cuando se acerca la llegada de su recibo de luz, sentía en lo más profundo de mi ser el gusanito de la tentación que me empujaba a pedir una rebajita en las tarifas.

De mi distribuidora eléctrica local, lo que me interesa ver son unos buenos ingenieros con coloridos cascos, acompañados por contadores competentes con unas calculadoras sencillas, que sólo sirvan para sumar y restar. Observar la presencia de abogados, financistas, corredores, publicistas y demás profesionales poco relacionados con llevarme la luz a casa, francamente no me gusta.

De mi distribuidora eléctrica local, lo que me interesa que debata son asuntos relacionados con el sector eléctrico, por ejemplo los kWh que consume mi secadora. De allí que me ponga algo nervioso cuando presencio foros, como uno que hubo en el IESA, en donde la conversación sólo versaba sobre tópicos como “takeovers enemistosos”, "poison pills" y "golden parachutes".

De mi distribuidora eléctrica local, las únicas inversiones que yo espero son aquéllas absolutamente mínimas y necesarias para darme un mejor servicio a un menor costo, por lo cual, cuando oigo de la existencia actual de proyectos de agua en Colombia, o que el oferente mantiene fuerte presencia en Kazakhstan, esto me inquieta ante la certeza de que si le va mal, tendré que pagar más, y si le va bien, no participaré.

De mi distribuidora eléctrica local, yo quiero que busque inversionistas que sean compatibles con la naturaleza muy poco riesgosa del negocio de distribución eléctrico, por ejemplo viudas y huérfanos con limitadas aspiraciones de rendimiento, pero que dependan para su subsistencia de un dividendo seguro. Por lo tanto, cuando veo flujos y apetitos especulativos, tipo mercados emergentes, interesarse por EdC, siento que estoy en mala compañía.

De mi distribuidora eléctrica local, yo no deseo que me despierte cada mañana con costosos avisos en la prensa, radio y televisión, desplegados sobre asuntos que no tienen nada que ver con la luz, ya que sé que de una u otra forma los fondos para pagar esa publicidad provendrán de mi bolsillo y ésto me molesta.

De mi distribuidora eléctrica local, yo no quiero oír sobre las perspectivas de que sus acciones valgan una fortuna por cuanto, salvo algo muy desconocido para mí, tal posibilidad sólo puede sustentarse sobre unos tarifas demasiado altas.

De mi distribuidora eléctrica local, yo no deseo oír sobre la posibilidad de una importante reducción de costos, por cuanto tengo la ilusión de que esa empresa sea operativamente tan eficiente como para que tal posibilidad no exista.

De mi distribuidora eléctrica local, no me gusta oír que recompra sus propias acciones, disminuyendo así su patrimonio, cuando poco tiempo antes hemos sido informados acerca de la necesidad de incrementar las tarifas eléctricas para acometer las inversiones necesarias.

En fin, yo como consumidor, durante las últimas semanas, oí muy pocas cosas que me gustaron de mi distribuidora eléctrica local. En momentos especialmente difíciles, les confieso haber encontrado mucho consuelo en la nueva Ley del Servicio Eléctrico.

Cada vez que leo la nueva Ley, más me sorprendo de que hayamos logrado sobrevivir sin ésta. Como consumidor estoy absolutamente convencido de que, en un plazo bastante corto, el sector habrá sufrido una transformación muy grande en beneficio de todos aquellos que, como yo, desean ver en nuestros servicios públicos bases competitivas para desarrollar otras actividades económicas y no como parecería ser el caso hoy, el que los servicios públicos sean el negocio en sí.

Tengo amigos accionistas o ex-accionistas de la EdC y tengo amigos gerentes o ex-gerentes de la EdC. A todos ellos les aseguro que ni invalido ni le quito méritos a su gestión hasta la fecha. Es más, si el día de mañana deciden crear otra empresa para buscar nuevos horizontes de inversión y, por qué no, los mismos proyectos de diversificación, que actualmente contemplaban, tales como de agua en Colombia, de pronto me intereso. Hasta la fecha, lo único que me ha mantenido alejado de convertirme en accionista de la EdC (y la CANTV) ha sido un deseo de no exponerme al conflicto de interés presente cuando uno maximiza su propio dividendo, maximizando su propia factura de luz o teléfono.

Sé que muchos de mis amigos ven con cierta melancolía los recientes eventos y, sin duda, la operación EdC representa en si el fin de una era. No obstante, recordemos que las épocas cambian y ya tanto la nueva Ley como las nuevas realidades económicas hacen casi imposible, el que distribuidoras eléctricas centenarias puedan aspirar a ser milenarias. Sólo el hecho de que las concesiones para la distribución eléctrica tengan en la nueva Ley una validez limitada de 30 años más 20 adicionales de prórroga, para entonces tener que entregar y licitar todo el negocio de nuevo, señala un cambio fundamental.

El hacer del negocio de la distribución eléctrica local un negocio tan seguro y tan aburrido, que sólo atraiga los capitales de menor expectativas de retorno o a los propios vecinos, me parece un reto interesante para iniciar esta nueva etapa.

El Universal, 14 de Junio de 2000

La OPA por LA ELECTRICIDAD de CARACAS - y el consumidor

Yo no soy accionista de la Electricidad de Caracas (EdC) pero, como usuario con serias dificultades para limitar el consumo eléctrico en mi casa, a veces siento que, en términos económicos, me encuentro más ligado a esa empresa que la mayoría de sus 65.000 accionistas.

Observando cómo todos le dan palos a la piñata, que produjo la oferta de AES de adquirir el 51% de las acciones de la EdC, a un precio 80% mayor al último precio cotizado y ante la posición de la actual gerencia, que considera que ese precio es bajo ya que, a su juicio, consideran que la empresa vale 8 veces más, me siento tentado a preguntar, si acaso, ¿no habría lugar para una rebajita de las tarifas eléctricas?

Es probable que mi e-mail inbox se llene de mensajes preguntando si soy enemigo de la empresa privada, a lo cual, como siempre, he de responder que como usuario, también soy un privado, con derecho de defender públicamente mis propios derechos e intereses y, muy especialmente, mi bolsillo.

La nueva Ley Eléctrica obliga a una permanente discusión pública sobre teoría, métodos y modelos de tarifas a ser aplicadas por las empresas, que realizan actividades reguladas en el sector eléctrico. En tal sentido, el debate que ha producido la oferta de AES, me estimula a lanzar sobre la mesa de discusión, el siguiente análisis.

Para un servicio de naturaleza monopólica, tal como el de la distribución eléctrica, intuitivamente, la mejor calidad y la menor tarifa deben ser el resultado de lograr combinar una eficiente operación con unas modestas aspiraciones de rendimiento. De nada sirve que el operador sea bueno, si los retornos financieros que se exige son exagerados o, que el capital se satisfaga con un bajo rendimiento, pero el operador sea malo.

Dado que la calidad del operador sólo puede ser evaluada con el tiempo, el único sitio por dónde se puede empezar, es por reducir las exigencias de rendimiento y eso solo se logra reduciendo los riesgos, que perciben los inversionistas. En otras palabras, el reto es atraer al sector eléctrico los mismos capitales, que tradicionalmente han alimentado al sector eléctrico en otros lugares y que, por sus bajas expectativas de rendimiento, pero muy grandes exigencias de seguridad, frecuentemente se conocen como los “capitales de viudas".

¿Cómo se logra esto? Ante nada fomentando la estabilidad, en lugar de un crecimiento espectacular. Supongamos, sin referirnos a la EdC quién además de distribución tiene generación y transmisión, que una empresa distribuidora eléctrica típica, para una zona como la de Caracas, debería tener una capitalización de 1.000 millones de dólares - monto que aumenta con el tiempo, en función del incremento de la demanda. Ante tal supuesto cabría entonces la posibilidad de usar la estructura tarifaria para lograr estabilizar una capitalización objetivo. Inicialmente, si la capitalización de la empresa cae por debajo de 800 millones, las tarifas resultan bajas y deben elevarse, mientras que si la capitalización se eleva por encima de 1.200 millones, las tarifas pueden reducirse.

Alguien puede sostener, que la anterior estructura no incentiva suficientemente una mejoría de servicio y hasta puede garantizar la ineficiencia. Como respuesta se puede indicar que la distribución eléctrica no es exageradamente compleja y lo que se requiere es un sentido gerencial, que puede definirse como de “austera disciplina” - justamente el sentido que puede ser incentivado con una mayor estabilidad. Es conocido que empresas de servicio público reguladas, aparte de atraer capitales "baratos" por su menor riesgo, también lograban satisfacer su nómina gerencial a menor costo, al ofrecer mayor estabilidad de trabajo.

Lo anterior no tiene por qué ponerle freno a las variadas iniciativas de nuevos negocios, que ha demostrado la EdC durante los últimos años, pero el hecho está que la separación de las actividades - generación, transmisión y distribución, a que obliga la Ley, de todas maneras puede forzar un reacomodo en la cartera de inversiones de la EdC. La generación estará controlada por la competencia; la transmisión, por la relativa transparencia de sus costos y en la distribución, como dije, espero se creen las condiciones que atraigan los capitales de las viudas y expulsen los capitales especulativos. Como consumidor eléctrico caraqueño, me procupa estar financiado por los mismos capitales, que financian proyectos, cuyo riesgo percibido debe ser mayor, tal como agua en Colombia o, electricidad en Rusia.

Considerando que las empresas eléctricas en Venezuela, tales como la EdC, han logrado desarrollarse en ausencia de una Ley Eléctrica, hoy sin duda, con una buena Ley, debe existir un gran potencial para introducir mayor estabilidad al sector, reducir sus riesgos y cosechar los beneficios correspondientes.

Aparte de la Ley, hay otros factores que deben resolverse para que un usuario asediado, pueda permitirse ilusiones de un mañana mejor, sin necesariamente sentirse iluso. Reducir los robos de electricidad y asegurar el pago oportuno de las facturas, ayudará a todos a conseguir una tarifa más razonable. Asimismo una planificación energética integral, que evite el generar electricidad con gas o petróleo no renovable, mientras se desperdicia el potencial del Caroní, ayudará también reducir el costo eléctrico - y aumentar los ingresos de la Nación.

¡Eso sí! Será indispensable para incrementar la estabilidad y reducir los riesgos del sector el asegurar una adecuada selección de los participantes de los entes reguladores, muy especialmente los de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Ausencia de conflictos de interés, profundidad y variedad de conocimientos profesionales, carácter y disciplina, así como un profundo amor y respeto por el país - son sólo algunas de las cualidades que deben estar presentes. También debemos recordar sobre la importancia de estimular y de educar al usuario a fin de que pueda participar de forma más activa en el desarrollo eléctrico. No hay mejor colaborador que un usuario informado.

Finalmente, una palabra de aliento para quien, por nervios o necesidad, vendió sus acciones de la EdC justo antes de la OPA y hoy tiene que oir sobre lo mucho que valen.

Publicado en Economía Hoy el 9 de Mayo de 2000

OPORTUNIDADES Y NUBARRONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO.

En Septiembre de 1998, finalizando el gobierno anterior, el país fue testigo de la venta de Seneca y, con ello, de la privatización de la electricidad en Margarita. Por la venta de unos cachivaches eléctricos, de una concesión eléctrica por 50 años, que incluye períodos de exclusividad monopolística (10 años), más finalmente una estructura tarifaria altamente onerosa para el consumidor, se pagó, por el 70%, la fabulosa cifra de 63 millones de dólares.

Con tales dólares fácilmente se podría haber provisto a la Isla con un nuevo cable submarino (o quizás hasta con dos, por las nuevas tecnologías) y Margarita, como el resto de Venezuela, tendría acceso a la fuerza energética del Bajo Caroní. Alternativamente, podrían haber llevado el gas a la Isla. Nada de esto ocurrió, ya que prácticamente todo el dinero fue a parar a Caracas, nada de éste se invirtió en la electricidad de Margarita y hoy la Isla, en vez de hidro o gas, tiene que usar petróleo. ¡Qué bochorno!

La explicación de lo anterior radica en el fanatismo privatizador que arropó a las autoridades anteriores, llevándolos hasta el grado de buscar vender a toda costa sin siquiera contar, ni con una Ley Eléctrica, ni con un modelo económico para guiar al sector, ni con un ente Regulatorio lo suficientemente capacitado y fuerte como para dominar monopolios. El colmo fue, que para asegurarse de que nadie se echase para atrás, en la Ley de Privatizaciones de 1996 se le prohibió al sector eléctrico público acometer cualquier inversión nueva con deudas, lo cual hoy ha tenido como resultado el que presenciemos un sector eléctrico, muerto de sed por urgentes necesidades de inversión.

El país, por suerte, cuenta ya desde Septiembre de 1999 con una nueva Ley del Servicio Eléctrico, que permitirá a la Nación, en un plazo que estimo de dos años como máximo, estar en capacidad para retomar la senda de buscar introducir nuevas eficiencias y recursos al sector, buscando nuevas formas de propiedad. Esta vez, sin producir las aberraciones de un Seneca.

Soy un ferviente defensor de la participación del sector privado en la economía y, en tal sentido, deseo dejar claro, que al sugerir la búsqueda de nuevas formas de propiedad, ello en forma alguna pretende excluir o disminuir el rol de una privatización tradicional.

No obstante, cuando nos referimos a los servicios públicos con características de monopolio, en los cuales se presentan limitaciones al libre funcionamiento del mercado, es importante analizar otras alternativas distintas a las de sólo hacer una venta a un ente privado, obligándolo a enfrentarse ulteriormente a un continuo choque con las autoridades regulatorias.

En la actual coyuntura del sector eléctrico y del país, la creación de cooperativas o entes públicos descentralizados o la implementación de contratos de servicio privados para la gestión operativa son alternativas perfectamente válidas. Es más, sólo en la medida de que tales alternativas resulten descartadas, como consecuencia de un proceso justo y abierto, estaríamos creando las condiciones para lograr legitimar una privatización directa.

No debemos olvidar, al menos en el caso de la distribución eléctrica que si queremos tener la posibilidad de eliminar algunos de los males de los que adolece ese sector, tales como el robo de electricidad y la falta de pagos, es muy importante lograr la aceptación y la credibilidad de la comunidad.

Claro está, de la misma manera que siento una ilusión ante las posibilidades que tenemos de mejorar el servicio eléctrico en Venezuela, haciéndolo corresponder a la realidad de ser un país energéticamente bendecido, estoy consciente de que existen ciertos nubarrones a corto plazo, que el gobierno debe enfrentar con serenidad y firmeza.

Entre esos problemas obviamente destaca la urgencia de acometer cuantiosas inversiones, que simplemente no pueden esperar un desenlace estructural. No podemos darnos el lujo de esperar que se concluya la reestructuración, pero ello no justifica que por la sola necesidad de levantar recursos, nos lancemos al vacío a la búsqueda de otra Seneca, ello sería lastimoso. Obviamente que la pregunta que estaría entonces sobre el tapete sería ¿De dónde vamos a obtener los recursos?

Existen varias alternativas, entre las cuales la misma privatización indiscutiblemente que puede ser una de ellas, siempre y cuando se la limite al sector de la generación, área en la cual, el día de mañana habrá suficiente competencia para evitar los riesgos de crear distorsiones monopólicas.

Otra opción, que parece interesante, aún cuando probablemente muchos la pudieran ver con recelo, o hasta con envidia, sería la de darle un uso racional a los recursos del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM). Si ese Fondo le prestase al sector eléctrico público un monto cercano a los 500 millones de dólares, por un plazo holgado de 3 a 4 años, estoy seguro de que el sector eléctrico público estaría en capacidad de devolver ese préstamo al FIEM, con fondos provenientes de la reestructuración, cancelando incluso intereses similares a los pagados a las multilaterales, más una interesante prima de éxito, digamos el 20%, que hasta quizás se pagaría por sí sola, al considerar la mayor ganancia que se podría obtener por ejecutar el proceso con orden, pero sin prisa.

Otro de los problemas existentes se deriva de la manera como está estructurado el servicio eléctrico público. Habida cuenta de que quien tiene la responsabilidad de reestructurar el sector eléctrico es el Estado venezolano, poco debería importar, que por diversas circunstancias históricas, los activos eléctricos se encuentren repartidos en una diversidad de entes o empresas. Lamentablemente, sabemos que no es así. Un número importante de pequeños intereses egoísticos, crearán obstáculos a la racionalidad del proceso. No obstante, soy optimista y creo que la lógica habrá de prevalecer.

Publicado en Economía Hoy el 11 de Abril de 2000

La necesidad de un usuario eléctrico iluminado

Cuando un joven venezolano sienta cómo la pulsante fuerza del Río Caroní le ilumina su libro al estudiar, ese día tendremos un verdadero usuario eléctrico en Venezuela. Quizás piensen que es una cursilería, pero no lo es.

Siempre he sostenido la necesidad que la sociedad civil, en lugar de maldecir al petróleo, hasta el grado de catalogarlo como ”excremento del Diablo”, debe defender los intereses nacionales que tan importante producto representa. De haberlo hecho antes, estoy seguro de que no se habría permitido, por lo menos sin pelear, que el índice de precios del crudo bajase del 100%, en 1982, al 18%, en 1998, no obstante que, también durante ese mismo período el índice de precios al consumidor de los productos petroleros subía de un 100% en 1982, hasta 111% en Alemania, 185% en Francia y 247% en Inglaterra – de acuerdo a datos publicados en World Oil Trends 1999 por Arthur Andersen y Cambridge Research News.

Igualmente, para lograr un sano desarrollo económico del país, también creo necesario que un cierto numero de usuarios, una masa crítica bastante importante, comprenda y se interese por el sector eléctrico. Lo cual sólo se consigue con una verdadera educación, que debe ser más formativa que informativa.

Si revisamos el material educativo relativo a la energía, usado hoy en el país, encontramos que, en términos generales, es escueto, gris y poco inspirador. Por el contrario, si a nuestros muchachos, de sexto grado de primaria, se les hubiera suministrado información completa y bien presentada sobre el sector energético venezolano, en combinación con una motivadora visita al Guri, estoy seguro que tendríamos una generación de venezolanos, con un sentido de país y futuro, muy distinto al actual.

Con una formación así, esos venezolanos jamás hubieran permitido que, por falta de inversión en transmisión, un país con tanta hidro-electricidad y gas como tiene Venezuela, tenga que estar generando electricidad con petróleo en muchos lugares, y que nuestra industria, agricultura, comercio y servicios, hoy tenga que sufrir tanto de un servicio eléctrico pésimo y poco confiable, como de tarifas injustificadamente altas.

Igualmente creo que una mejor educación eléctrica, nos habría evitado la vergüenza de ver a sectores dirigentes, como Fedecámaras, aplaudiendo una privatización, como las del servicio eléctrico en Margarita, cuyo único propósito fue el de levantar algunos ingresos a ser desperdiciados por la Tesorería Nacional del país, y que dejó a la Isla no sólo sin las fuentes de energía primaria eléctrica, que debería tener, sino ahogada bajo la presión de una estructura tarifaria, ridículamente alta, que atenta contra el potencial turístico de Margarita.

El Sector Eléctrico de Venezuela tiene por fin una Ley que lo regula. Adaptarse a sus disposiciones no será un proceso sencillo y obligará a revisar todos los paradigmas existentes. En el proceso, el país deberá definir asuntos que, por lo controversial, hasta la fecha han sido ignorados. Difícilmente se podrá cumplir esa tarea, sin la debida comprensión y participación del usuario. Para lo cual se requiere que el usuario, deje de ser un ente abstracto, impersonal, cuya única relación con el sector es usar y pagar la electricidad y se convierta en un venezolano, para quien la electricidad y la energía, conforma otro elemento más, sobre el cual resolver en la búsqueda de un futuro mejor para el país.

Probablemente la pregunta más difícil de responder en la actual reestructuración del sector eléctrico sea la siguiente: El precio de la energía que brota de las riquezas del Caroní, ¿deberá fijarse de acuerdo a su bajo costo o de acuerdo a su alto valor?

De usar como base el costo, estaremos aplicando como principio, el reconocer que Dios quiso que Venezuela tuviese una electricidad buena abundante y barata. No hay nada malo con lo anterior pero, lamentablemente, con frecuencia, la venta de energía primaria barata, fomenta distorsiones, como por ejemplo; que algunos sectores abusen de su bajo valor, desperdiciando recursos del país; que las riquezas de la Nación sean injustamente distribuidas, energía barata a quien mas consume, quien implícitamente es quien más tiene y, finalmente, lo peor, que los precios bajos no le lleguen a los usuarios, sino que sólo sirvan para aumentar los márgenes u ocultar la ineficiencia de los intermediarios.

Por el contrario, si a la hora de fijar el precio de la energía del Caroní, se utiliza como base su valor, éste sería el precio de las fuentes alternas más costosas, que hayan sido usadas para equilibrar la oferta y la demanda y, por lo tanto, el Caroní le proporcionaría mayores ingresos al Estado. La validez para el país de esta alternativa, será función directa de la eficiencia con la que el Estado gaste los recursos obtenidos. Por supuesto, si el país finalmente decide ir por este camino, esto sólo debe ocurrir con la total anuencia del usuario, debiéndose además cuidar la trayectoria del cambio propuesto.

En el artículo 40 de la Ley de Servicio Eléctrico se establece, entre los derechos del usuario eléctrico, el organizarse para participar en la supervisión del servicio eléctrico y el recibir información completa, precisa y oportuna para defender sus derechos. Al considerar que si el usuario no se hace activamente presente en el sector eléctrico de Venezuela, se corre el riesgo de desarrollar una relación incestuosa entre los demás participantes, quizás el legislador debería haber incluido lo anterior, no entre los derechos, sino entre los deberes del usuario.

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica CMEE, tendrá próximamente la obligación de proteger los intereses de los usuarios. Si la CMEE quiere cumplir con su misión, deberá, ante nada, formar, motivar e iluminar al usuario, en el arte de la defensa propia.

Publicado en Economía Hoy el 22 de Febrero de 2000

HAY QUE LLEVAR LA LUZ A LA ELECTRICIDAD

Con la luz no se juega. Esta advertencia, normalmente dirigida a los niños, resulta igualmente válida para los adultos, ya que la electricidad y la eficiencia con la que se presta tal servicio, es de importancia fundamental para el país.

Por el peligro que puede estar presente al introducir consideraciones políticas, de índole cortoplacista, frecuentemente resulta tentador para una sociedad, aislar al sector eléctrico y dejarlo en manos de algunos de los expertos en ese campo. Hasta la fecha éste parece ser el caso en Venezuela.

Hoy nos enfrentamos con una nueva realidad. Quizás basado en los mismos preceptos, que indican que “la política es un asunto demasiado serio para dejárselo a los políticos”, la recién promulgada Ley del Servicio Eléctrico obliga a considerar, de manera directa, la participación activa en el sector de actores hasta ahora ausentes, entre ellos, los usuarios y los entes políticos descentralizados – los municipios.

Estoy de acuerdo con la nueva Ley pero, para que la participación democrática en el sector eléctrico sea constructiva y no distorsionante, resulta indispensable que se cuente con información completa, veraz y oportuna.

Esta semana, en televisión, dirigentes municipales del Zulia protestaron ante la posibilidad de aumentos en las tarifas. Por supuesto que un aumento duele y muy especialmente en las actuales circunstancias económicas por las cuales atraviesa el país. No obstante, un gran estímulo para la protesta se fundamenta en que, de verdad, la sociedad desconoce en general las verdaderas causas y orígenes de los aumentos y por tal razón, le resulta difícil establecer si la distribución de los sacrificios, es justa o no.

El Alcalde Zuliano – protestando los aumentos – argumentaba que para Maracaibo serían especialmente injustos, por ser la ciudad en Latino América con mayor consumo de electricidad per cápita. Desde su perspectiva su argumento parece perfectamente válido, pero, debido a los cuantiosos recursos de inversión que requiere el sector eléctrico, alguien puede objetar lo anterior.

Por ejemplo, un alcalde de un municipio que presenta un bajo consumo, pudiese exigir una tarifa baja como premio por ahorro y solicitar que se castigue al maracucho, con el fin de lograr una baja en el consumo de electricidad. Bien podría aludir aquella vieja contradicción que dice que Maracaibo, de forma simultánea, es la ciudad más caliente y la más fría de Venezuela, en este último caso, por la intensidad con la cual usan los aires acondicionados.

Entrar de árbitro en el ring para solucionar la disputa entre los dos alcaldes, sin un buen reglamento y confiables fuentes de informacion, sería un esfuerzo inútil y quizás hasta peligroso.

De igual manera, debe ser importante tener a la mano información válida con respecto a cómo el país distribuye la hidro-electricidad y el gas, dos bendiciones de la naturaleza que deben permiten producir una electricidad económica. Es obvio que, en este sentido, algunas regiones deben estar logrando mayores beneficios que otras y esto no puede propiciar un clima de entendimiento.

Finalmente, existe lo relativo a la eficiencia operativa de las empresas eléctricas y de sus necesidades de inversión. El consumidor, las autoridades regulatorias, o hasta las mismas empresas, no tienen la más mínima idea si en Venezuela, en términos reales, existe una industria eléctrica eficiente o no. Por ejemplo, ¿Qué significa que una empresa estatal del interior ofrezca tarifas muy inferiores a las de una empresa privada en la capital? De verdad, sin información adicional, verdaderamente pertinente, esto podría significar absolutamente cualquier cosa.

Aún cuando la función regulatoria, de acuerdo a la Ley, se encuentre situada en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, las obligaciones que la Ley le impone a las municipalidades, parecen implicar la necesidad de suministrarle a cada municipio, información individual y pormenorizada.

Intuitivamente, lo anterior me parece una maravilla. El día que cada municipio tenga información sobre su propia realidad, cuánto consumen, cuánta energía se pierde – o se roba, cómo pagan sus ciudadanos sus facturas, cuál es el impacto en sus tarifas a cuenta de un ente estatal que no paga sus facuras, cuánto es el subsidio en hidro y gas que le otorga la Nación, etc, ese día le habremos proporcionado la luz al sector eléctrico. Ese mismo día tendremos la posibilidad de tener un sector eléctrico racional.

Igualmente, un ciudadano necesita tener suficiente información para poder evaluar la gestión de las municipalidades y para determinar si la labor de sus autoridades municipales es mejor o peor que las otras. Un ranking del servicio eléctrico en las distintas municipalidades es un buen sitio donde comenzar.

Por último, relativo al acercamiento entre el sector eléctrico, usuario y municipio, creo que se debe fomentar todas aquellas pequeñas cosas que ayudan promover entre las partes, la buena voluntad y la comprensión de los sacrificios que siempre son requeridos para el buen funcionamiento de los servicios públicos.

En tal sentido, sugiero analizar la posibilidad de que representantes de la comunidad, puedan participar en la empresa eléctrica de su localidad. Estos representantes podrían, para un periodo determinado, ser elegidos de manera aleatoria (loteria) entre quienes expresen su voluntad y presentan ciertas calificaciones mínimas. Si en otros lugares se ha experimentado con un puesto en la Junta para la representación laboral, qué extraño tiene el ofrecérselo a quien la empresa se debe, su cliente obligado.

Igualmente creo que no se debe ignorar el significado del nombre de la empresa. Una empresa que se llama La Electricidad de Caracas, tiene por definición un mayor vínculo con su comunidad, que empresas con nombres tipo CADAFE.

Publicado en Economía Hoy el 25 de Enero de 2000