Por advertir sobre posibles errores en la privatización eléctrica de Margarita y lamentablemente tener razón, fui invitado a participar en el proceso de reestructuración del sector eléctrico, consecuencia de la nueva Ley. Al no estar relacionado con el sector, me pareció que en mi participación debería asumir la perspectiva del usuario y como la Ley dibujaba verdaderos horizontes de cambio, me lancé con entusiasmo a la tarea.
La Ley, al obligar a una separación de actividades, apuesta a lograr que en la generación de electricidad surja una verdadera competencia y que en la transmisión y distribución, se produzca la transparencia que le permita al Regulador regular. Por cuanto esto significa llevarle la luz a un sector acostumbrado a vivir en gratificante aislamiento, no se necesitaba ser genio, para saber que el proceso no sería fácil. A continuación, algunos partes del frente.
Al inicio se pensó que con la constitución de una empresa nacional de transmisión, que fuese poseedora de los activos de transmisión de Edelca y Cadafe y gerenciada por nuevos actores, podría lograrse el quiebre de ciertos intereses creados; facilitar la competencia entre generadores y asegurar los mejores intereses energéticos del país. Lamentablemente, hasta la fecha, la “revolución”, que dicen ser tan victoriosa en otros frentes, parece haber quedado anulada frente las corporaciones eléctricas del Estado. De no ser por la arrolladora fuerza de sus argumentos y de la voluntad política de sus proponentes, de seguro que igual parálisis afectaría a iniciativas descentralizadoras como la de Hidroeléctrica de Los Andes.
El Régimen Económico aplicable al sector eléctrico tiene un especial interés para mí, como economista. Según he observado, el método tradicional de fijar tarifas consistía básicamente en que el Gobierno colocaba sobre la mesa una propuesta baja y el sector eléctrico una alta, para luego de un minué eléctrico, llegar a un acuerdo final, que se publicitaba como de gran avanzada. Si a esto le añadimos que no hay nadie que sepa, con algún grado de certeza, si las tarifas vigentes, son altas o bajas, para lo que deberían ser, debemos concluir que hay mucho trabajo por hacer.
Considero que para obtener tarifas razonables, es necesario atraer nuevamente los capitales a largo plazo, con expectativas de retorno moderadas, que fueron expulsados por la manía global de hacer del servicio público eléctrico un negocio. Sin embargo, lejos de proceder en esa dirección, luego de meses de discusión y cientos de millones gastados en consultoría, aún circula, como base para un consenso, una ridícula propuesta de remunerar con tasas riesgo- país, a los activos de distribución sobre la base de un valor nuevo de reposición, sin tomar en consideración que los consumidores eléctricos ya han cancelado gran parte de su valor.
Por mis protestas, un Viceministro, que se desvela por ser el pacífico de la revolución, me apartó del debate pero, no se preocupen, ya volveré apoyado por una asociación de usuarios.
Publicado en El Universal, Caracas, 5 de Julio de 2001
La Ley, al obligar a una separación de actividades, apuesta a lograr que en la generación de electricidad surja una verdadera competencia y que en la transmisión y distribución, se produzca la transparencia que le permita al Regulador regular. Por cuanto esto significa llevarle la luz a un sector acostumbrado a vivir en gratificante aislamiento, no se necesitaba ser genio, para saber que el proceso no sería fácil. A continuación, algunos partes del frente.
Al inicio se pensó que con la constitución de una empresa nacional de transmisión, que fuese poseedora de los activos de transmisión de Edelca y Cadafe y gerenciada por nuevos actores, podría lograrse el quiebre de ciertos intereses creados; facilitar la competencia entre generadores y asegurar los mejores intereses energéticos del país. Lamentablemente, hasta la fecha, la “revolución”, que dicen ser tan victoriosa en otros frentes, parece haber quedado anulada frente las corporaciones eléctricas del Estado. De no ser por la arrolladora fuerza de sus argumentos y de la voluntad política de sus proponentes, de seguro que igual parálisis afectaría a iniciativas descentralizadoras como la de Hidroeléctrica de Los Andes.
El Régimen Económico aplicable al sector eléctrico tiene un especial interés para mí, como economista. Según he observado, el método tradicional de fijar tarifas consistía básicamente en que el Gobierno colocaba sobre la mesa una propuesta baja y el sector eléctrico una alta, para luego de un minué eléctrico, llegar a un acuerdo final, que se publicitaba como de gran avanzada. Si a esto le añadimos que no hay nadie que sepa, con algún grado de certeza, si las tarifas vigentes, son altas o bajas, para lo que deberían ser, debemos concluir que hay mucho trabajo por hacer.
Considero que para obtener tarifas razonables, es necesario atraer nuevamente los capitales a largo plazo, con expectativas de retorno moderadas, que fueron expulsados por la manía global de hacer del servicio público eléctrico un negocio. Sin embargo, lejos de proceder en esa dirección, luego de meses de discusión y cientos de millones gastados en consultoría, aún circula, como base para un consenso, una ridícula propuesta de remunerar con tasas riesgo- país, a los activos de distribución sobre la base de un valor nuevo de reposición, sin tomar en consideración que los consumidores eléctricos ya han cancelado gran parte de su valor.
Por mis protestas, un Viceministro, que se desvela por ser el pacífico de la revolución, me apartó del debate pero, no se preocupen, ya volveré apoyado por una asociación de usuarios.
Publicado en El Universal, Caracas, 5 de Julio de 2001
