Mostrando las entradas con la etiqueta electricidad. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta electricidad. Mostrar todas las entradas

15 de abril de 2026

Alineando los intereses: Agua, Electricidad y Turismo en la Isla de Margarita

El inversionista que más ofrece aportar por encima de un mínimo de US$ 700 millones en inversiones que ayuden suministrar electricidad y agua para la Isla de Margarita, recibirá a cambio un 3% de participación en todos los ingresos de turismo de la isla durante 35 años.


Sin duda el ganador tendrá un interés claro en que las inversiones que haga le sean útiles a la isla… y de ñapa se convertirá en un gran promotor de ese turismo.


Pregunta a IA: La ayuda de los bancos multilaterales de desarrollo —ya sea mediante inversiones o préstamos—: ¿qué opción alinea mejor los incentivos para ambas partes?
#ChatGPT - #Grok: Las inversiones que se retribuyen con dividendos.

14 de julio de 2011

El Lotto Planta Centro

A mediados de 2002 visite a Planta Centro y escribí... "Ahí está con sus instalaciones, canibalizadas y deterioradas, lejos de explotar su potencial de generación de electricidad, y aquel paisaje, que podría codearse con los mejores lugares turísticos del mundo, tiene todo el ambiente de un pueblo minero abandonado. ¿Qué exagero? ... ¡Puede que sí! Pero tanto ustedes como yo sabemos que Planta Centro es sólo otro ejemplo de ese nuevo riquísimo subdesarrollador, que nos induce a creer que nuestro futuro como país, puede ser comprado".

Y sin visitarla estoy seguro que hoy, casi diez años más tarde, y habiéndose invertido y perdido otras fabulosas sumas de dinero, Planta Centro produce aún más penas y vergüenzas... y hasta asco al que le duela nuestra patria. 

¿Y cómo hacemos para rescatar a Planta Centro para que cumpla con su misión de generar electricidad para Venezuela, sin desbancarnos en el intento, en una Venezuela tan dividida y tan amargada, y donde podemos esperar que la oposición de turno en enero de 2013 hará de todo para dificultar la gestión de un nuevo gobierno? 

Sin duda, lo que más necesitamos es de situar Planta Centro en manos de unos dueños que en verdad estén interesados en que Planta Centro funcione, ya que no nos sirve simplemente cambiar unos quítate-tú-para ponerme-yos explotadores de resultas petroleras por otros quítate-tú-para-ponerme-yos explotadores de resultas petroleras. Entre una Cadafe roja a una Cadafe azul la diferencia reside ante nada en el color. 

La idea de una privatización tradicional no me convence y no sólo por cuanto despierta ronchas innecesarias en momentos álgidos. Es que también pasa que cuando hay que entregarle unos activos propiedad del Estado a alguien privado abiertamente interesado, de inmediato surgen las presiones para que eso ocurra al mayor precio, lo cual solo significa o corrupción o más resultas para un gobierno sobrado de resultas, y cualquiera de esas dos posibilidades crea pagos adicionales que a la larga deben ser canceladas por nosotros los usuarios mediante el pago de mayores tarifas eléctricas. 

En tal sentido, y para conseguir esos dueños propongo la posibilidad del Lotto Planta Centro. 

Se colocan todos los activos de Planta Centro en Planta Centro, C.A., libres de pasivos y con el dinero necesario para cubrir el flujo de caja operativo por seis meses. Luego, entre los trabajadores eléctricos de Planta Centro con más de cinco años de antigüedad y todos los ingenieros eléctricos de Venezuela, se sorteará, con la ayuda de la mano inocente del arzobispo, el nombre de 10 ciudadanos venezolanos a los cuales se entregará a cada uno el 10% de Planta Centro, C.A. 

Los diez dueños tendrían luego un año para negociar nuevos aportes de capital por parte de otros inversionistas por un monto de 200 millones de dólares, y hasta tres años para producir en firme el 75% de la energía para la cual fue diseñada Planta Centro... y si no lo logran deben devolver las acciones al Estado. El gobierno se comprometería a comprarle a Planta Centro, C.A., por diez años, la energía al precio del combustible, más un monto a determinarse que permita suponer un rendimiento bastante aceptable. 

Si cualquiera de los ganadores del Lotto Planta Centro prefiere vender sus acciones de Planta Centro, C.A,, y las cuales solo serán negociables vía operaciones en la Bolsa, puede hacerlo, pero por supuesto tendría entonces que cancelar el impuesto que le corresponde pagar por las ganancias de una lotería.

24 de febrero de 2011

El cuento del Ministro

En la reciente interpelación ante la Asamblea, Alí Rodríguez, con la desfachatez propia de quien se cree con derecho a ordenar una amnesia colectiva, se refirió a la Ley del Servicio Eléctrico de este Gobierno como evidenciando su voluntad y compromiso para solucionar los problemas del sector.

Como tal ley decretada por el propio Presidente de la República el 17 de Septiembre de 1999 basado en la primera de las leyes habilitantes, y eso ya fue hace algo más de 11 años, puede que el ministro creyese que podría hacernos tragar su cuento. Para decirlo sin la vulgaridad que tanto provoca: "¡Míster ministro, ni de broma!".

La exposición de motivos de la ley dice: "En Venezuela necesitamos modificar, ampliar y transformar el contenido de la regulación para promover la competencia allí donde ésta sea posible; al mismo tiempo, garantizar los intereses de los usuarios en cuanto a seguridad, calidad y precio del servicio, allí donde éste mantenga el carácter de un monopolio natural. Por lo tanto, la regulación está orientada a combinar los beneficios y estímulos característicos del mercado, abriendo cauces a la libertad empresarial, con la indispensable exigencia de calidad y seguridad en el servicio… Se consagra como principio general, la formación de capital nacional mediante el estímulo a la participación de los particulares venezolanos".

Y en consecuencia, en su Artículo 3, la Ley establece que: "El Estado promoverá la competencia en aquellas actividades del servicio eléctrico dentro de las que sea pertinente, regulará aquellas situaciones de monopolio donde la libre competencia no garantice la prestación eficiente en términos económicos y fomentará la participación privada en el ejercicio de las actividades que constituyen el servicio eléctrico".

Igualmente se explica: "En la medida en que el mercado establezca los precios en las actividades abiertas a competencia, será más fácil fijarlos en aquéllas donde subsiste el monopolio, de acuerdo con el valor y calidad del servicio que se ofrece. Esto es preferible a los intentos de lograrlo mediante el discutible cómputo de costos que puede prestarse a la subjetividad del administrador y, en consecuencia, a posible fuente de arbitrariedades… De manera que la regulación debe ser elaborada con carácter general, objetivo y global, como es propio de toda norma y no debe admitir dispensas ni tratamientos singulares, ni alteración arbitraria y convencional de las reglas del juego. Estas deben ser claras, estables, bien determinadas y no discrecionales, de manera que las empresas puedan diseñar sus propias políticas de actuación".

El ministro, o no lo entiende, o no se atreve a decirlo, o simplemente nos quiere engañar. Por malo que haya sido El Niño, el desastre del sector eléctrico se debe a las alteraciones arbitrarias de las reglas de juego por parte del cacique de turno. El origen de tales arbitrariedades, fiel a la tradición venezolana, fue, como es costumbre, el increíble aumento en el saldo de la chequera donde el cacique maneja nuestras resultas petroleras a su libre entender y antojo... y se le ocurrió jugar con nuestra electricidad.

Ahora bien, si el problema es que la memoria le falla al ministro, entonces, que se jubile. Por cierto, como ciudadano, me molestó profundamente el tonito de maestro del ministro enseñándonos sobre la importancia de tener balances auditados… a los doce años de no tenerlos él.

10 de octubre de 2002

Ni una ingeniería financiera más

En Junio de 2000, cuando la AES estaba comprando a la Electricidad de Caracas (EdC), escribí un artículo titulado “La EdC que yo quiero”, donde decía; “De mi distribuidora eléctrica local, lo que me interesa ver son unos buenos ingenieros con coloridos cascos, acompañados por contadores competentes con unas calculadoras sencillas, que sólo sirvan para sumar y restar. Observar la presencia de abogados, financistas, corredores, publicistas y demás profesionales poco relacionados con llevarme la luz a casa, francamente no me gusta”.

Dicho y hecho. Hoy, a poco mas de dos años, la EdC ya tiene dificultades para hacer las inversiones necesarias. Sus nuevos accionistas extranjeros ordeñaron las cuentas patrimoniales de la empresa por 900 millones de dólares, cuando probablemente cualquier propietario nacional, mucho menos versado en ingeniería financiera, seguro hubiera destinado gran parte de tales recursos a reducir la inmensa deuda externa, que actualmente pesa sobre la empresa.

Igualito pienso con respecto a las finanzas públicas. Ante el enredo total que presenta la deuda pública de Venezuela, en mucho heredada, existe presión para que se profesionalice su manejo, pero, si ya nos resulta difícil evaluar lo que está pasando, imagínense como será cuando vengan tan refinados “artistas” ejecutando “puts”, “calls” etc. y etc.

¡No! En lo que respecta al pasivo público de Venezuela, si no puedo tener acceso a un administrador de haciendas, como Juan Vicente Gómez, que simplemente la cancele y se olvide de esa tontería, mil veces prefiero una pulpería.

Supongamos que a los gobernantes de Venezuela sólo les estuviese permitido emitir deuda hasta por un porcentaje fijo del PNB y que además ésta tuviese que ser contratada exclusivamente a través de la emisión de bonos a 15 años, con 15 amortizaciones anuales iguales y consecutivas.

Semejante medida acabaría con la perniciosa tendencia de financiarnos tipo “costosa tarjeta de crédito”, que por empujar la arruga nos han llevado a la actual situación, donde si bien como país no debemos mucho, sin embargo por la gran acumulación de vencimientos en el corto plazo, los mercados nos exigen y pueden cobrarnos un ojo de la cara. Un perfil de amortización plano, con nuestro modesto nivel de deuda, de seguro nos haría acreedor de una calificación de riesgo crediticio infinitamente mejor que la actual.

Además, la utilización de un solo tipo de instrumento, le daría una profundidad y liquidez maravillosa al mercado de deuda de Venezuela. En cuanto a la demanda por diversos plazos de colocación, ésta podría ser atendida por el propio mercado, con sus mecanismos que le asignan distintos vencimientos a los distintos tenedores.

Por último, lo mejor, LA TRANSPARENCIA. El país siempre sabría a ciencia cierta cuál es el costo real de cualquier proyecto del Estado, sin tener que recurrir a la calculadora financiera o a expertos, quienes siempre representan un alto costo directo, así como un altísimo costo indirecto, por todas las vainas que inventan.

Per Kurowski - Ingeniero Financiero

Publicado en El Universal el 10 de Octubre de 2002



25 de julio de 2002

Cortocircuito en Margarita

No importa que los cables eléctricos en la Isla de Margarita se vean mucho más ordenados que antes, su situación eléctrica sigue siendo un verdadero enredo.

Todo comenzó hace unos años cuando el Estado, incapaz de proveer un servicio público básico como el de la electricidad, tiró la toalla y llamó a la privatización. No obstante, nuestros políticos, que jamás se han tomado lo de servir al público demasiado a pecho, decidieron que no querían soltar ese cambur sin por lo menos recibir un buen regalo de salida.

Entran en escena los asesores, quienes después de establecer que los activos eléctricos en Margarita no sólo eran chatarra, sino que además ya habían sido cancelados por los usuarios margariteños con el pago de sus tarifas, indicaron que la única manera de conseguir tal regalo de salida, era vendiendo el derecho de suplir electricidad de manera monopólica al mercado de Margarita… por muchas décadas.

Dicho y hecho. Entre misas y gallos, se construyó un pliego tarifario tan generoso, que hizo babear al inversionista (CMS Energy) hasta tal punto que en la subasta le ofreció al Gobierno un cheque por 63 millones de dólares, por el 70% de SENECA, empresa a la cual se le había otorgado la concesión exclusiva

El Gobierno festejó gritando ¡Viva… la bateamos de jonrón! Les importó un bledo que el cheque proviniera realmente de una apropiación indebida, ya que habían vendido el acceso a un mercado que no les pertenecía.

Sin embargo algunos pocos considerábamos que no había nada que celebrar, ya que la Isla pasaba a estar en manos de un inversionista, que desembolsó 63 millones de dólares por el solo derecho a dar el servicio, es decir, antes de comprar un bombillo, un metro de cable o un transformador y que obviamente pensaba recuperar tal pago a través de las tarifas.

Pero el horror no acaba ahí. Entre la prisa del Estado por ponerle la mano al cheque y de los inversionistas por entrar, se postergó de manera irresponsable, para después de la subasta la decisión más importante para la Isla en materia eléctrica, la de determinar si se colocaba un nuevo cable submarino o un gasoducto para generar con gas.

Tal como lo ordena la Ley de Murphy, a los pocos días de haberse vendido Séneca, el viejo cable submarino colapsó y el sorprendido inversionista tuvo que salir corriendo a instalar generadores alimentados con petróleo, por lo que hoy Margarita, en lugar de electricidad del Caroní o electricidad a gas, deben generar la opción más costosa.

Como resultado de todo lo anterior, hoy la Isla tiene que sufrir unas tarifas eléctricas agobiantes, al mismo tiempo que el inversionista pierde dinero. ¿Cómo se resuelve esto? Obviamente que no con más politiquería, sino buscando una solución de fondo, como podría ser la siguiente:

El Estado. Por haberse llevado un dinero que no le tocaba, debería ordenar a la empresa nacional de transmisión, que está por crearse, que coloque dos buenos cables submarinos, que le entregue a la Isla una electricidad más económica… como la del resto de Venezuela.

CMS Energy. Por no haberse dado cuenta del mal estado del viejo cable submarino y de que su clientela no estaban en capacidad de pagar las exageradas tarifas que los del Gobierno central le prometieron, debe asumir algunas pérdidas.

PDVSA. Debe ayudar a resolver el problema, para así liberar un petróleo que puede vender a mejores precios en el mercado internacional.

MEGANE, la mancomunidad eléctrica de Margarita. Debe buscar un financiamiento a largo plazo con el BID para negociar tanto una readquisición de Séneca como las tarifas.

Publicado en TalCual, Caracas, 26 de julio de 2002



3 de julio de 2002

Cortocircuito en Caracas

La Electricidad de Caracas (EdC) ha señalado que de los 160 millones de dólares que pensaban invertir durante el 2002, tuvieron que posponer 80 millones “por la indefinición de un modelo económico para el sector”. ¡Vaya excusa! Nadie niega que el Ejecutivo esté muy retrasado en la aplicación de la Ley Eléctrica de 1999, pero ello no exime a la EdC de ejecutar oportunamente las inversiones necesarias… ni nos da derecho a los consumidores de retrasarnos con los pagos.

La EdC lleva 110 años prestándole un buen servicio a Caracas, sin haber tenido jamás una concesión formal, ni un verdadero régimen económico que respalde tal servicio monopólico, por lo que los actuales retrasos, se deben a otros factores bastante más preocupantes.

AES es la empresa estadounidense que adquirió en Junio del 2000 el 80% de la EdC, gracias al acceso a fondos mucho más baratos que los antiguos accionistas venezolanos de la EdC, que vivían y viven bajo el yugo del “riesgo-país”. AES, siguiendo las tendencias corporativas de moda, ha concentrado su gestión inicial en dos aspectos: la reducción de personal y la exprimidera de recursos.

En tal sentido, la nómina de EdC fue reducida en un 50%, dejando atónito a un público, que hasta la fecha había considerado a la EdC como un modelo de eficiencia gerencial.

En cuanto a la exprimidera, ésta comenzó con la recompra por la EdC de sus propias acciones por 300 millones de dólares, lo que no es otra cosa que una vulgar reducción de capital y, para rematar, entre Diciembre del 2000 y Abril del 2002 han pagado dividendos en el orden de 600 millones de dólares. Sin mucho cálculo, esto significa que de los 1.600 millones de dólares, que la AES invirtió al comprar la EdC, ya debe haber recuperado la mitad… en dos años… ¡no esta mal!

¿De dónde han salido los 900 millones exprimidos? Hasta la fecha, de ganancias ordinarias, de algunas reservas líquidas y de la venta de las inversiones que la EdC tenía en Colombia, El Salvador y CANTV. Esas inversiones, de una manera u otra, constituían unas reservas, que nosotros los usuarios, con el pago de nuestras tarifas, habíamos ayudado a crear… justamente para poder afrontar las necesidades de inversión en Caracas… como sería el caso de los 80 millones retrasados.

¿Cómo exprimirán a la EdC mañana? … No sé … Dios quiera que no sea endeudándola hasta el tequeteque. El riesgo existe, basta leer el Informe a los Accionistas de la EdC del 2001, donde se habla de “un manejo financiero más eficiente que hace innecesario el mantener altas cuentas de superávit pagado”… menos capital ye “la mejora de la estructura de capital del Grupo por la vía del incremento del financiamiento a partir de septiembre del 2000”… más deuda.

La posibilidad de un sobreendeudamiento de la EdC preocupa, especialmente porque la AES ya no tiene el mismo acceso a recursos que en Junio de 2000. Las acciones de la AES, que en Junio del 2000 se cotizaban en 45 dólares y que sobrepasaron los 65, hoy se cotizan en 5 dólares. En Junio de 2002 le redujeron a la AES su calificación crediticia y por estar enredada en otros países emergentes, sufre fuertes restricciones, que retrasan aún más sus inversiones… que tanto se necesitan en Caracas.

Ello no significa que la EdC o la AES hayan hecho algo indebido. ¡Negocio es negocio! Lo que sí es evidente es que nosotros, los usuarios, o no sabemos, o no queremos defender nuestros derechos, que son tan legítimos como los de la AES. ¿Quién sabe?… a lo mejor tenemos que ir preparando la recompra de la EdC?

Publicado en TalCual, Caracas, 3 de julio de 2002



4 de abril de 2002

COMPREMOS SENECA YA

No importa que los cables eléctricos en la Isla de Margarita se vean mucho más ordenados que antes, su situación eléctrica sigue siendo un verdadero enredo.

Todo comenzó hace unos años cuando el Estado, incapaz de proveer un servicio público básico como el de la electricidad, tiró la toalla y llamó a la privatización. No obstante, nuestros políticos, que jamás se han tomado lo de servir al público demasiado a pecho, decidieron que no querían soltar ese cambur sin por lo menos recibir un buen regalo de salida.

Entran en escena los asesores, quienes después de establecer que los activos eléctricos en Margarita no sólo eran chatarra, sino que además ya habían sido cancelados por los usuarios margariteños con el pago de sus tarifas, indicaron que la única manera de conseguir tal regalo de salida, era vendiendo el derecho de suplir electricidad de manera monopólica al mercado de Margarita… por muchas décadas.

Dicho y hecho. Entre misas y gallos, se construyó un pliego tarifario tan generoso, que hizo babear al inversionista hasta tal punto que en la subasta le ofreció al Gobierno un cheque por 63 millones de dólares, por el 70% de SENECA, empresa a la cual se le había otorgado la concesión exclusiva

El Gobierno festejó gritando ¡Viva… la bateamos de jonrón! Les importó un bledo que el cheque proviniera realmente de una apropiación indebida, ya que habían vendido el mercado eléctrico margariteño que no les pertenecía.

Sin embargo algunos pocos considerábamos que no había nada que celebrar, ya que la Isla pasaba a estar en manos de un inversionista, que había tenido que desembolsar 63 millones de dólares por el solo derecho a dar el servicio, es decir, antes de comprar un bombillo, un metro de cable o un transformador y que obviamente aspiraba recuperar tal pago a través de las tarifas.

Pero el horror no acaba ahí. Entre la prisa del Estado por ponerle la mano al cheque y de los inversionistas por entrar, se postergó de manera irresponsable para después de la subasta la decisión más importante para la Isla en materia eléctrica, la de determinar si se colocaba un nuevo cable submarino o un gasoducto para generar con gas.

Tal como lo ordena la Ley de Murphy, a los pocos días de haberse vendido Séneca, el viejo cable submarino colapsó y el sorprendido inversionista tuvo que salir corriendo a instalar generadores alimentados con petróleo, por lo que hoy Margarita, en lugar de electricidad del Caroní o electricidad a gas, deben generar con petróleo, la opción más costosa.

Como resultado de todo lo anterior, hoy la Isla tiene que sufrir unas tarifas eléctricas agobiantes, al mismo tiempo que el inversionista pierde dinero. ¿Cómo resolvemos esto? Obviamente que no con más politiquería, sino buscando una solución de fondo, como podría ser la siguiente:

Estado venezolano, Usted se llevó un cheque por 63 millones de dólares que no era suyo. Devuélvalo ordenando a la empresa nacional de transmisión, que está por crearse, que coloque dos buenos cables submarinos, que le permitan a la Isla recibir una electricidad más económica… como el resto de Venezuela.

CMS Energy, Usted se metió en una inversión sin estudiarla suficientemente. De haberlo hecho, no sólo sabría el mal estado del viejo cable submarino, sino sabría además que su clientela no estaría dispuesta, ni en capacidad de pagar las exageradas tarifas que los del Gobierno central le prometieron, por lo que algunas pérdidas debería asumir.

PDVSA, a Usted le interesa ayudar a resolver el problema para así liberar un petróleo, que puede vender a mejores precios en el mercado internacional.

MEGANE, (la mancomunidad eléctrica de Margarita) Usted póngase las pilas y consiga un financiamiento a largo plazo con el Banco Interamericano de Desarrollo para negociar la readquisición de Séneca, así sea parcial y para renegociar todo el pliego tarifario.

Amigos, francamente, si en la Isla de Margarita no hay suficientes recursos humanos y voluntad como para arreglar su propio servicio eléctrico, quizás deban olvidarse de otros retos más complicados, como el turismo… que hoy no da ni para pagar la luz.

Publicado en Sol de Margarita, Porlamar, 4 de abril de 2002



18 de enero de 2002

ENELVEN Y SU ESCAPISMO

La revista Intercambio de la Cámara de Comercio de Maracaibo, informa sobre el ultimátum de Enelven, que o consigue un socio estratégico o se apaga, ya que esa empresa eléctrica requiere de 800 millones de dólares en los próximos cinco años.

El reportaje incluye la opinión del Sr. Humberto Zavarce, Presidente de Enelven, quien respalda la tesis diciendo que si “no se privatiza, será un desastre” por cuanto “el traspaso a manos privadas agilizará el proceso de decisiones y optimizará el servicio, a través de la llegada de inversiones y nuevas tecnologías” ... “lo que permitirá fortalecerse para resistir y participar en la competencia, como lo establece la Ley de Servicio Eléctrico”.

Finalmente, se indica que el valor de los activos es de 525.000 millones de bolívares, lo que cuadra con los 700 millones de dólares que siempre se han sugerido como el precio base (o comisión) que el Gobierno Central desea recibir por privatizar los activos, esencialmente Zulianos, de Enelven y su filial Enelco.

Deben existir intereses que no conozco... ya que quedo sin entender.

Primero, por ser del sector privado, estoy seguro que el traspaso de la empresa a manos privadas contiene aspectos favorables, pero como consumidor privado de un servicio público, como la electricidad, no puedo aceptar la tesis de una irremediable incapacidad del sector público y mucho menos la inercia de los profesionales de Enelven, que con una buena dirección bien podrían, en el interim, optimizar el servicio y lograr acceso a recursos y nueva tecnología.

Segundo, ante la expuesta necesidad de sobrevivir para poder luego participar “en la competencia”, vale la pena recordar que la única competencia que podría existir, de haber igualdad de acceso a los combustibles, sería en la generación de la electricidad. Tanto por Ley, como por la realidad tecnológica, la transmisión y la distribución seguirán siendo monopolios, donde se fijan tarifas.

Tercero, ni mencionan tarifas, pero si a los 800 millones de dólares de la inversión “necesaria”, le sumamos un precio base de 700 millones...doy gracias a Dios por no ser usuario eléctrico en Maracaibo. 1.500 millones a una tasa riesgo país del 14%, indican un pago anual, por dividendos e intereses, de 210 millones. Si le sumamos otros 150 millones para amortizar la inversión en 10 años, un plazo probablemente demasiado generoso considerando los pretendientes extranjeros (¡Enron!, AES y otros), obtenemos 360 millones de dólares, que superan a los 350 millones que actualmente se le facturan al Zulia por electricidad. ¡Qué va! ¡Por ahí no va!

Cuarto. Cualquiera que sea la solución, ésta debe incluir la reducción de las pérdidas originadas por el robo de la electricidad y el cobro efectivo a los públicos de sus facturas eléctricas. De lograrse, ello permitiría un mejor flujo para las inversiones, lo que evidencia, que en esencia, con la privatización se busca contratar un sheriff para que le cobre la factura eléctrica al Zulia... ¡qué triste!

En fin, me causa pena ver que la gerencia de Enelven, después de una década, siga tan entregada a la sola opción privatizadora y me pregunto si a estas alturas podrían ser motivados a manejar otras opciones... ¡que sí las hay!

Por ejemplo, podría limitarse la búsqueda de inversionistas al sector de la Generación, donde el interés de los vendedores de turbinas, vía créditos de proveedores, ayudaría a disminuir el costo de los recursos financieros. La Transmisión debería ser responsabilidad exclusiva de la Nación y en cuanto a la Distribución, la entrega de los activos actuales en comodato a unos empresarios locales o cooperativas de empleados o usuarios, podría producir menores tarifas y un mayor desarrollo de la Región.

Lograr que un servicio público, como el de la electricidad, funcione, forma parte del cómo una Región aprende a ser Región. Es una responsabilidad de la cual no deberían poder escaparse, vía la solución fácil de entregarlo a un inversionista externo.

Publicado en Panorama, Maracaibo, 18 de Enero de 2002

20 de diciembre de 2001

La Torre Babeléctrica

En Venezuela, nadie conoce cómo se fijan las tarifas eléctricas y mucho menos si son las correctas. Bueno..., excepto los abogados, que dirán que “son la publicadas en la Gaceta Oficial”.¡Kurowski, Usted si que es un exagerado! Amigos, no lo creo y para muestra un botón.

Imagínense la dificultad que tendría la Superintendencia de Bancos para regular, si cada banco usara distintos códigos de contabilidad. Algo así ocurre en el sector eléctrico donde, al menos hasta donde tengo conocimiento, todavía no han logrado introducir un Código Uniforme de Cuentas (CUC).

Recientemente, me atreví a llamarle la atención a las autoridades por su desidia en esta materia y salí regañado. Alberto Méndez, un defensor del sector, en su artículo “La alborada del gracioso”, en donde el gracioso supuestamente era yo, me advirtió: “el CUC... está completamente finalizado, siendo revisado actualmente por las autoridades regulatorias antes de ser presentado a las empresas eléctricas”.

Pensaba dejarlo de ese tamaño, pero cuál no sería mi sorpresa cuando leo que ya en el Decreto 1158 de Noviembre de 1996, denominado “Normas para la Regulación del Sector Eléctrico”, se establecía que “las empresas eléctricas deberán llevar su contabilidad .... con arreglo al CUC que apruebe el Ministerio de Energía y Minas”. Casi me caigo de la silla al ver que se instruía al MEM para que iniciara el diseño del CUC, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundelec), en un plazo de quince días. ¡EN QUINCE DÍAS - EN 1996! Como entenderán, quedé picado y busqué.

¡BINGO! El Decreto 2.383 de Junio de 1992: “Normas del Servicio Eléctrico”, creaba una Comisión Reguladora, que con el apoyo de Fundelec debería “Realizar los estudios técnicos con el fin de preparar el CUC de uso obligatorio de para las empresas eléctricas, a los efectos de la determinación de las tarifas.”

¡BINGO! El Decreto 368 de Junio de 1989: “Normas Tarifarias”, creó el Comité Nacional de Tarifas Eléctricas, con atribuciones para “realizar los estudios técnicos con el objeto de establecer el CUC, de uso obligatorio para las empresas eléctricas, a los efectos de la determinación de las tarifas..”

Por compasión no seguí, pero lo cierto es que, por lo menos desde 1989, andan en esto de preparar un CUC y, ya sea por desidia o por entreguismo ante una industria que se cree beneficiada por el oscurantismo, creo que esto evidencia que el sector requiere y merece de una buena revolcada. Observando la pobre actuación de Fundelec, casi oigo la súplica de un Ricardo III moderno, “Porfa... una República, por un servidor público”.

Hoy, cuando el MEM, con precisión de dos decimales, nos indica un posible aumento del 3.54% en las tarifas para el 2002 y la industria responde que debería ser del 7 al 8%, no se impresionen.... todo es parte de un minué eléctrico y que bien bailado, busca esconder que aquí, en ésta nuestra Torre Babeléctrica, rige la confusión y nadie sabe nada de nada.
Publicado en El Universal, Caracas, 20 de Diciembre de 2001


8 de noviembre de 2001

¡Vaya vacatio legis!

Cuando la AES compró a la Electricidad de Caracas (EdC) en un precio mucho más alto de lo que se cotizaba en la Bolsa, quedó claramente evidenciado que las tarifas eléctricas eran mucho más altas de las necesarias. De haber existido un gobierno que gobierna, lo primero que debería haber hecho es reducir las tarifas, al menos en un 10%.

Por cuanto el límite de 3.000 caracteres por artículo no me permite mayores sutilezas, debo decir que como consumidor sigo creyendo, que las tarifas que se permite a la EdC cobrar, son un robo de altas. Dado que las autoridades no tienen la más remota idea de cuáles podrían ser unas tarifas correctas, quizás pudieran ver la luz si en Caracas existieran, por ejemplo, cuatro distribuidoras, cada cual con su concesión, compitiendo entre sí, lo que nos permitiría hacer un análisis comparativo sobre la eficiencia con la que cada una de ellas nos traspasa las bendiciones energéticas que Dios le ha dado a Venezuela.

Para suerte mía, la Constitución y la Ley Eléctrica me dan el derecho de poder influenciar en la materia, a través de la Municipalidad y de una Comisión Nacional Energía Eléctrica (CNEE). Para mala suerte mía, parece que tales derechos no los podré ejercer sino dentro de 53 años.

Exceptuando la Isla de Margarita (que ya se embromó) las demás distribuidoras eléctricas del país operan sin poseer concesiones formales. La Ley obliga a solventar ese vacío legal y a tal efecto ha autorizado al Ministerio de Energía y Minas a negociar solito con las distribuidoras convenios transitorios de tres años, con el objeto de otorgarles concesiones por 30 años, prorrogables por otros 20. En otras palabras, sería sólo a partir del vencimiento de estas concesiones, por allá en el 2055, que se nos permitiría a los demás participar en la decisión.

Para quienes como yo no hablan latín, Vacatio Legis se refiere a ese periodo de transición entre la fecha en que se promulga una Ley y cuando comienza a surtir efecto. Sin ser abogado, pienso que 53 años sólo pueden describirse como la madre de todas las Vacatio Legis.

Amigos usuarios de Caracas, creo que debemos hacer algo antes de que nos amarren por más de medio siglo, especialmente ante rumores, que no me constan, de que el nuevo accionista está exprimiendo a la EdC hasta más no poder, lo que puede enredar nuestro futuro eléctrico.

Kurowski ¿qué estás haciendo? ¡Estás asustando a los capitales extranjeros! Quizás, pero estoy harto de oir tantas necedades sobre la importancia de las inversiones extranjeras en un país donde el capital nacional huye. Como hijo de inmigrantes sé que la gran mayoría de quienes ayudaron a prosperar a nuestro país, sólo traían en sus maletas sueños de futuro, ganas de trabajar y un gran agradecimiento a la Venezuela que los acogió.

Mucho más importante que atraer a los capitales extranjeros, es lograr construir tarifas lógicas y estimular la inversión de los mismos venezolanos en sus propias distribuidoras eléctricas. Para esas dos tareas, sí que necesitamos una CNEE buena.

Publicado en El Universal, Caracas, 8 de Noviembre de 2001



27 de septiembre de 2001

Una pequeña controversia eléctrica

Alberto Méndez Arocha, al leer mis artículos del sector eléctrico, me ha tildado de prestidigitador, mandrágora y gracioso obsesionado, alertándome sobre el riesgo de convertirme en un simple escribidor de pistoladas.

Méndez es un respetado profesional y además, como nos recuerda, un Individuo de Número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, por lo que sus calificativos me preocupan. No, como él insinúa, por “recuperar un empleo en el sector eléctrico” que jamás he tenido, sino porque cuestiona mi vigencia como articulista. Poder expresar mis opiniones de manera pública es una bendición, a la que trato de corresponder con mucha seriedad.

Por lo anterior, siento la necesidad de aclarar el origen de las diferencias que sostengo con Méndez. Estas nacen de una propuesta sobre un régimen tarifario eléctrico regulado, presentada al Estado por un grupo de consultores contratados, entre quienes se encuentra..... Méndez.

Además, como muchos comparten mi desagrado por pagar tarifas eléctricas, que lucen muy altas, por un servicio público monopólico en un país energéticamente rico, sin idea de cómo se calculan y sin otra explicación que las mismas “son las que dice la Gaceta Oficial”, creo que la discusión puede interesarle al consumidor.

La propuesta incluye reconocerle al Distribuidor su inversión en las redes de distribución, al Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de una Red de Referencia que esté técnica y económicamente adaptada para la prestación del servicio y pagarle, por ese concepto, la anualidad necesaria para amortizar tal valor, durante una vida útil estimada y a una tasa que resulta de utilizar el modelo agregado de tasa libre de riesgo, más el riesgo sistemático de la industria eléctrica, más el premio por riesgo.

¡Uff!... dirán ¿qué significa eso? En dos platos, que si para instalar una nueva y buena red de distribución eléctrica en Caracas se calcula que cueste 3.000 millones de dólares hoy, ése sería el valor que deberíamos usar para decidir cuánto le debemos pagar a la Electricidad de Caracas (AES), por sus servicios.

Pues bien, puede que yo no sepa mucho de moléculas eléctricas, pero sí conozco de tarifas, economía y finanzas y sé que no es justo, ni lógico, pagar por el uso de una red eléctrica vieja como si fuese nueva ... no cuando el consumidor lleva más de un siglo amortizando su costo .... no cuando su valor libro es sólo una mínima fracción del VNR y menos aún, cuando el Estado, ha ayudado, incluso con dólares preferenciales, a cancelar gran parte de su costo.

He ahí la situación. Méndez, con su propuesta, furioso con Kurowski, quien no tiene la decencia de quedarse callado. ¿Cómo salimos de ésta? Por supuesto que Méndez cuenta con el respaldo del sector eléctrico, que naturalmente intuye, que a mayores tarifas, todos ellos estarán mejor y por cuanto el Ministerio de Energía y Minas parece no poder, o no querer entender, quizás pudiera acudirse a un arbitraje externo de la Cámara de Comercio de Caracas, para aclarar esta pequeña controversia.

Publicado en El Universal, Caracas, 27 de septiembre de 2001



16 de agosto de 2001

¿Prestidigitador eléctrico yo?

La Real Academia define como prestidigitador a quien hace juego de manos, algo así como un mago. Recientemente, el Ing. Méndez Arocha, en el Universal del 9 de Agosto, me ha atribuido tal carácter, por usar “una prosa técnica engañosa” en el debate sobre las tarifas eléctricas. No sé que decir.... siempre creí que los magos eran otros.

Tradicionalmente, cuando la distribución eléctrica, un servicio público regulado y monopólico, estaba en manos de agentes privados, se la consideraba una inversión segura pero “poco sexy”, que atraía sólo los capitales adversos al riesgo, los de “las viuditas”.

Durante los últimos años hemos visto como en muchos países unos promotores han eliminado a las viuditas del sector, abriéndole espacio a capitales especulativos con altas expectativas de rendimiento, pero... en estrecha y armoniosa colaboración con los gobiernos ....¡eso sí lo llamo magia!.

El detonante del cambio ha sido el convencer a los gobiernos de turno, que la privatización de los activos eléctricos del Estado implicaría grandes ingresos fiscales, sin afectar de inmediato el bolsillo del elector. Obviamente, esto les pareció a los políticos como caído del cielo y, engolosinados, intuitivamente captaron que, para explotar el verdadero potencial del negocio y vender los cachivaches eléctricos al máximo precio, necesitaban ofrecerle al inversionista unas tarifas más altas.

Fue en ese momento cuando los discípulos de “Voldemort” cocinaron la poción metodológica eléctrica. Como ingredientes incluyeron: la sustitución del costo no depreciado, tradicionalmente usado para valorizar y compensar los activos de distribución, por el concepto del “Valor Nuevo de Reposición” (VNR) y la calificación como justa de una tasa netamente especulativa, como lo es la de Riesgo País.

Finalmente, sugieren que al servir tal poción se la adorne con la ficción de que lo obtenido en la subasta privatizadora, es pura ganancia para el país, ocultando así su naturaleza de no ser más que otra vulgar deuda pública, pagadera por el consumidor con tarifas eléctricas.

La poción es tan potente, que de no haberse perdido ya la oportunidad, hoy permitiría incluso sostener que parte de la solución al problema de Argentina sería mediante la venta de la red eléctrica de Buenos Aires a su VNR y que el usuario argentino pague tarifas con su actual riesgo país del 21%. ¡Ché ... y todo a media luz!

Exceptuando Margarita, donde por la usura del Estado el consumidor la está pagando bien cara, Venezuela se salvó en la raya. Apoyo firmemente a la inversión privada en la electricidad, pero les recuerdo que los 63 millones de dólares que pagó el inversionista por Seneca no fueron invertidos en la electricidad de la Isla, sino en el gasto burocrático de Caracas.

Nuestra Ley Eléctrica establece que al final de la concesión, los bienes revierten a su valor libros, pero Méndez Arocha sugiere que al calcular las tarifas se les reconozca un VNR, por lo que como usuario me pregunto ¿y quién se queda con la diferencia?.

Publicado en El Universal, Caracas, 16 de agosto de 2001



1 de agosto de 2001

PRESIDENTE, APOYE

Los Andes están solicitando su independencia en materia de electricidad. Como no hay nada que pueda considerarse como un impedimento racional, para dejar en manos de la propia región la operación eléctrica, la resistencia de los terratenientes eléctricos de CADAFE por entregar el mando, lo convierte en un asunto político que, como tal, necesita del apoyo del Presidente. A continuación, tres razones:

1. La región de los Andes tiene en su contra el hecho de que su accidentada geografía, su dispersión poblacional y la ausencia de grandes compradores industriales, sobre los cuales apuntalar la demanda, hacen costosa la distribución eléctrica. Entonces, para lograr unas tarifas razonables, resulta necesario que su potencial hidroeléctrico sea desarrollado, de manera tal que compense esas desventajas. Ahora bien, para el desarrollo de la central La Vueltosa, CADAFE presentó una propuesta, que en sus términos y referencias, evidencia su irrespeto con la región:

En lugar de buscar satisfacer las necesidades propias de una región, que hoy sufre racionamiento, el proyecto se sustentaba en la venta de un 60% de la energía al mercado de Colombia y sólo un 40% al mercado local.

En lugar de buscar el menor precio al cual se pueda ofrecer la electricidad en los Andes, éstos se proyectaron en base a lo que el mercado de Colombia pueda aguantar.

En lugar de transferir el beneficio de la operación a los Andes, la propuesta de CADAFE asume no sólo compensar el componente de capital privado con un altísimo retorno del 28%, sino además producirle dividendos a CADAFE.

2. La distribuidora eléctrica de los Andes, CADELA, filial de CADAFE, está muy disminuida, como resultado de haber sufrido una anoréxica dieta de recursos, ya que durante 18 meses no han recibido ni un solo medidor y ni un solo transformador. Hechos como el que toda la cobranza deba ser depositada en las cuentas centrales de CADAFE y el que la gran mayoría de las decisiones operativas estén situadas en la casa matriz, constituyen igualmente un irrespeto para con los profesionales de los Andes.

3. No obstante que las autoridades centrales juran y perjuran lo contrario, no hay duda de que sólo un verdadero interés regional puede asegurar, que el desarrollo eléctrico logre explotar todas sus posibles externalidades, tales como turismo, piscicultura u otros.

¿Qué piden Los Andes? Sólo que se les conceda la autonomía para decidir sobre su propio destino eléctrico y, por supuesto, para que ello tenga algún sentido real, un aporte que permita reestablecer el equilibrio económico de sus empresas eléctricas.

Con la casi exclusiva excepción de Los Andes, la mayoría del país disfruta de las bendiciones del Caroní, desarrolladas sobre la base de unas inmensas inversiones, financiadas con el producto de la liquidación del petróleo de todo el pueblo venezolano. En tal contexto, no hay quien pueda dudar que las peticiones de los Andes son justas y hasta modestas, por lo que deberían contar con el apoyo del Presidente.

Publicado en Frontera, Mérida, el 1 de Agosto de 2001


27 de julio de 2001

Del porqué no me quieren

La nueva Ley Eléctrica obliga a desarrollar un régimen económico tarifario y, como les confesara, hace poco fui retirado de su debate. Siendo de interés para el consumidor, les cuento el porqué.

La Electricidad de Caracas (EdC) lleva más de 100 años prestando un buen servicio público con características de monopolio sin poseer una concesión formal. Conforme al artículo 112 de la Ley, la EdC debe firmar un convenio con el Ministerio de Energía y Minas, a fin de que concluido un plazo transitorio, le otorguen formalmente una concesión. Negociar una concesión para una ciudad como Caracas no es cosa menor, como tampoco lo es el definir sobre qué bases se debe remunerar a la empresa.

Supongamos, para fines de ilustración, que construir una red de distribución buena y eficiente para Caracas con una vida útil promedio de 30 años costaría, a precios de hoy, 3.000 Millones de dólares. Supongamos también que, habiendo el consumidor amortizado una buena parte de su costo, el valor contable de esa misma red asentado en los libros de la EdC sea de 1.000 millones de dólares

Ante tal situación yo, como usuario consciente deseoso de que el servicio se mantenga, pero no a costa de regalarle mi dinero a la EdC, podría pensar que una manera lógica para remunerarle el valor de su red de distribución, sería cancelándole el mantenimiento de la misma y amortizando lo aún no recuperado por la empresa. El costo de mantenimiento anual estaría en el orden de 100 millones de dólares (dividiendo los 3.000 entre 30 años) y la amortización, a 30 años y al 12%, de los 1.000 millones no recuperados por la empresa, daría 124 millones, por lo que Caracas debería tener que pagar, vía tarifas, un total de 224 millones de dólares anuales por el uso de la red.

Cuál no sería entonces mi sorpresa cuando la única alternativa propuesta en el debate equivaldría a cancelarle a las distribuidoras eléctricas el valor de una red referencial a costo de reposición, es decir, los 3.000, que calculados también al 12% a 30 años, implicarían una anualidad de 372 millones de dólares.

Como consumidor, ante una muerte anunciada, protesté la diferencia anual de los 148 millones de dólares, argumentando que si en base al artículo 50 de la Ley, finalizada la concesión, los concesionarios sólo tendrían derecho al pago de la parte no depreciada de las inversiones prudentemente realizadas, es decir a los 1.000 antes referidos, cómo entonces podrían, como reguladores, aceptar los 3.000 como base.

Obviamente no esperaba ver caras amigas en la EdC, pero tampoco caras tan poco amigas entre las autoridades. Lo que se me había olvidado era que en el debate público, que en privado sostienen las autoridades del Gobierno y las empresas, lo que se negocia ayer hoy y siempre, es cómo repartirse los 2.000 millones de dólares sin que les importe un pito el consumidor. Mientras el Gobierno siga con planes de privatizar, buscará tarifas altas para vender caro y quien no lo crea, que se lo pregunte a Margarita.

Así que.... ¡Fuera Kurowski!

Posdata. Siendo un jugador global, AES conoce bien del efecto perverso de las privatizaciones en las tarifas y por eso compró la EdC.

Publicado en El Universal, Caracas, 27 de Julio de 2001


5 de julio de 2001

Desde el frente eléctrico

Por advertir sobre posibles errores en la privatización eléctrica de Margarita y lamentablemente tener razón, fui invitado a participar en el proceso de reestructuración del sector eléctrico, consecuencia de la nueva Ley. Al no estar relacionado con el sector, me pareció que en mi participación debería asumir la perspectiva del usuario y como la Ley dibujaba verdaderos horizontes de cambio, me lancé con entusiasmo a la tarea.

La Ley, al obligar a una separación de actividades, apuesta a lograr que en la generación de electricidad surja una verdadera competencia y que en la transmisión y distribución, se produzca la transparencia que le permita al Regulador regular. Por cuanto esto significa llevarle la luz a un sector acostumbrado a vivir en gratificante aislamiento, no se necesitaba ser genio, para saber que el proceso no sería fácil. A continuación, algunos partes del frente.

Al inicio se pensó que con la constitución de una empresa nacional de transmisión, que fuese poseedora de los activos de transmisión de Edelca y Cadafe y gerenciada por nuevos actores, podría lograrse el quiebre de ciertos intereses creados; facilitar la competencia entre generadores y asegurar los mejores intereses energéticos del país. Lamentablemente, hasta la fecha, la “revolución”, que dicen ser tan victoriosa en otros frentes, parece haber quedado anulada frente las corporaciones eléctricas del Estado. De no ser por la arrolladora fuerza de sus argumentos y de la voluntad política de sus proponentes, de seguro que igual parálisis afectaría a iniciativas descentralizadoras como la de Hidroeléctrica de Los Andes.

El Régimen Económico aplicable al sector eléctrico tiene un especial interés para mí, como economista. Según he observado, el método tradicional de fijar tarifas consistía básicamente en que el Gobierno colocaba sobre la mesa una propuesta baja y el sector eléctrico una alta, para luego de un minué eléctrico, llegar a un acuerdo final, que se publicitaba como de gran avanzada. Si a esto le añadimos que no hay nadie que sepa, con algún grado de certeza, si las tarifas vigentes, son altas o bajas, para lo que deberían ser, debemos concluir que hay mucho trabajo por hacer.

Considero que para obtener tarifas razonables, es necesario atraer nuevamente los capitales a largo plazo, con expectativas de retorno moderadas, que fueron expulsados por la manía global de hacer del servicio público eléctrico un negocio. Sin embargo, lejos de proceder en esa dirección, luego de meses de discusión y cientos de millones gastados en consultoría, aún circula, como base para un consenso, una ridícula propuesta de remunerar con tasas riesgo- país, a los activos de distribución sobre la base de un valor nuevo de reposición, sin tomar en consideración que los consumidores eléctricos ya han cancelado gran parte de su valor.

Por mis protestas, un Viceministro, que se desvela por ser el pacífico de la revolución, me apartó del debate pero, no se preocupen, ya volveré apoyado por una asociación de usuarios.

Publicado en El Universal, Caracas, 5 de Julio de 2001





11 de mayo de 2001

MOVIMIENTO ELÉCTRICO ANDINO

Profesionales del sector eléctrico y autoridades de los Andes se encuentran inmersos en un proceso, mediante el cual esperan lograr regionalizar la generación y la distribución de su electricidad. El objetivo principal de este Movimiento Eléctrico Andino es el de asegurar que las necesidades propias de la región sean debidamente consideradas, para acabar así, de una vez por todas, con el actual estado de indefensión que sufre la región Andina en materia de electricidad. También existe otra meta, la de rescatar al servidor público, que a la luz de la nueva Ley Eléctrica adquiere un significado muy especial.

La Ley, en su mayor parte excelente, lamentablemente refuerza en su articulado la noción moderna de que la electricidad, en lugar de ser un servicio público del cual pueden desarrollarse otros negocios, es un negocio en sí mismo, por lo que sus gerentes y trabajadores se deben a los intereses de sus accionistas, sin importar de donde provengan, dejando de ser servidores públicos de su región.

Ante tal situación, un profesional del sector eléctrico se enfrenta hoy en día a tres disyuntivas de cómo visualizar el desarrollo de su carrera profesional. En un extremo, tiene la posibilidad de montarse sobre las olas de la globalización y de la privatización, uniéndose a un pequeño y calificado grupo de maximizadores de rentas. Si es bueno y logra sobrevivir a la competencia, sin duda que, en lo económico, le irá de maravilla.

Del otro extremo, puede colocar toda su capacidad y dedicación a la disposición de su comunidad, buscando entregar el mejor servicio público posible. Si es bueno y tiene la suerte de integrar un grupo, donde todos reman en la misma dirección, podrá encontrar una gran satisfacción en el cumplimiento de su deber como servidor público, aún cuando económicamente no le resulte tan de maravilla.

La tercera alternativa sería simplemente la de navegar entre los dos extremos, lo cual, por lo menos en términos de retos profesionales y realización personal, equivaldría a un grisáceo “ni chicha ni limonada”, o a un triste vegetar.

La actual propuesta de regionalizar el servicio eléctrico de los Andes, se ubica por completo dentro de la alternativa del servidor público y esto es lo que ha permitido generar, inicialmente, una gran cohesión y un gran entusiasmo entre todos los participantes.

Hay quienes sostienen que formar un servidor público, tal como intuimos que debería ser, es una tarea imposible. Se argumenta que la propia globalización, con su tendencia de movilizar los recursos humanos, elimina la relación afectiva para con un lugar, lo que constituye la base de la voluntad de sacrificio inherente a un servidor público. Para quienes creemos que el futuro de nuestro país depende justamente de lograr desarrollar tales servidores públicos, el experimento Andino, contará con nuestras plegarias.

Obviamente que los servidores públicos no lo hacen sólo por amor al arte, también tienen derecho de ver retribuidos sus esfuerzos con una mejora en sus ingresos. No obstante, mientras quienes alaban las fuerzas estimuladoras del mercado, cínicamente saben que su bolsillo, ante nada, depende de boicotear el mercado y de explotar las ventajas del monopolio, el verdadero servidor público sabe y acepta, que su mejora depende de su contribución a la economía de la región.

En un mundo como el que nos rodea, donde francamente resulta tan difícil encontrarle un sentido integral a la vida de un profesional, les aseguro, que de tener unos años menos, me encantaría ser uno de esos servidores públicos, que hoy se comprometen con el futuro eléctrico de los Andes.

Publicado en La Nación, San Cristóbal, el 11 de mayo de 2001



4 de mayo de 2001

CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA: LA ISLA NO TIENE CON QUE PAGAR EL GAS

Algunos podrán recordarse como, durante todo el año previo a la privatización de Séneca e incluso meses después, yo clamaba al Gobierno Central de Caracas para que no se llevara los ingresos provenientes de la venta de esta empresa, para ser devorados por su gasto burocrático, sino que los dejase en Margarita, para satisfacer las necesidades propias de la Isla.

Si me hubieran hecho caso, con esos 63 Millones de dólares, ya Margarita tendría, como mínimo, un cable submarino nuevo y nuestro futuro eléctrico sería mucho menos oneroso que el actual.

Si a esos 63 millones, le sumamos los otros 50, que Séneca ha tenido que invertir hasta la fecha y los 90, que dice debe invertir durante los próximos 5 años, así como los 90 estimados para cubrir el costo de la parte Margariteña del gasoducto, tenemos un total de 293 millones de dólares, que deberemos cancelar los consumidores mediante el pago de nuestras facturas eléctricas. De suponer una tasa de interés del 11.5% y un generoso plazo de 25 años, la Isla, sólo por estos conceptos, deberá cancelar anualmente la bicoca de 36 millones de dólares.

Si a lo anterior le sumamos además el costo de la hidroelectricidad y del gas, que se debe adquirir, la nómina y los demás gastos operativos, es fácil concluir, que la Isla no tiene con qué pagar.

¡Ah!... “Pero la maravilla del gas ha de producir tal crecimiento económico que la Isla jamás tendrá problemas”... Vaya Usted a ver. Dios lo quiera. Pero, en todo caso, esto es un argumento irrelevante.

Resulta obvio que el gas se lo están enchufando a la Isla por consideraciones estratégicas de la Nación – no hay otra forma de decirlo cuando analizamos que, aún al costo de construir unas redes de transmisión ecológicamente cuestionadas, al Brasil sí le pueden vender hidroelectricidad barata – y a Margarita NO.

Por supuesto que nos gustaría tener gas en la Isla. Con ella podríamos tener plantas desalinizadoras y aires acondicionados con gas – pero, ello reduciría el consumo eléctrico – y todavía nos toca pagar lo que se debe – con lo cual, la tarifa eléctrica por Kwh debe aumentar.

Por supuesto que sería una maravilla sustituir el uso de los combustibles líquidos actuales, que son contaminantes, por el gas – pero quién diablos dijo que la Isla eligió la alternativa actual de generar con petróleo – cuando nosotros simplemente queríamos la misma hidro, que se le manda al Hotel Tamanaco en Caracas, en donde se cobran 350 dólares por noche.

En fin, considero que en la situación actual, lo único razonable sería que el Estado Central asumiera su responsabilidad, por lo siguiente:

La única culpable de la caótica situación tarifaria actual de la Isla y de que la misma se agrave aún más en el futuro, es la Administración Central y, muy especialmente, el viejo Fondo de Inversiones.

El único beneficiario directo de la operación de gas a Margarita es PDVSA, que al liberar los combustibles líquidos actualmente usados en la Isla, los puede vender a otros a un mejor precio.

La única respuesta que, oficialmente, se recibe al expresar estas inquietudes, es que lo del gas para la Isla – es política del Estado. Pues bien, si eso es así, al ser política del Estado, debería ser el Estado el que la pague y no la Alcaldía de Maneiro o el consumidor individual.

Durante las recientes jornadas eléctricas en Margarita, tres personas me contestaron, privadamente, con un “no te preocupes tanto, si luego no pueden pagar, ya veremos como enderezamos el entuerto”. Amigos, les pido que exijamos una definición previa, ya que otro entuerto, es justamente lo que no necesitamos en este país de entuertos.

Publicado en Sol de Margarita, Porlamar, el 11 de mayo de 2001



27 de octubre de 2000

Despistados en el mar de la globalización

Despistados en el mar de la globalización

Acabo de regresar de un viaje por Centroamérica, donde tuve la ocasión de ver que en el debate sobre cómo mejorar los servicios públicos, tales como la administración del agua, está muy presente la posible entrega de concesiones a empresas extranjeras. Con tristeza reflexioné sobre cómo culturas, que hace cientos de años sabían bastante acerca de la administración de sus propios sistemas de agua, hoy han claudicado en su esfuerzo.

Hay una película juvenil llamada Clueless, que en español equivaldría a Despistado y que teniendo tres hijas, he tenido que ver varias veces. En esta película, la muchacha, al tratar de obtener el certificado de conducir, es regañada por el examinador por no saber estacionar, a lo que ella esgrime como excusa que en todos los lugares existe valet parking. Hoy, ante las dificultades de lograr que nuestros servicios públicos sean eficientes, siento que muchos responden en forma similar con un: '¿para qué esforzarnos, si para eso hay inversionistas extranjeros?

Cuando para dar un buen servicio público sean indispensables considerables recursos financieros o tecnologías avanzadas, como las que hoy existen el sector de telecomunicaciones, es posible que un país no tenga más alternativa, que la de concurrir por ante los inversionistas extranjeros para plantearles un negocio. Pero en el caso de proyectos, donde lo único que en verdad se necesita es una buena administración y lograr definir las relaciones con la comunidad en términos de calidad, monto de las tarifas y disposición del pago de éstas renunciar al esfuerzo de buscar una solución dentro del ámbito nacional, siembra de interrogantes a nuestra ambición de nación.

Se podrán preguntar ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la administración del agua o la distribución eléctrica con la vigencia de una nación, y la respuesta probablemente tendría que ser: 'directamente, nada'. No obstante y por cuanto construir una nación no es tarea fácil y requiere como mínimo, que la sociedad aprenda a resolver por sí sola sus propios asuntos, solventar los problemas de electricidad o de agua sobre la base de una ayuda externa, pudiese entonces equivaler a unos padres que haciéndoles las tareas a los hijos, les aseguran a ellos una buena nota, pero también el que no aprendan nada.

Se conoce que muchas de las actuales presiones, que terminan por crear las condiciones que propician la venta de concesiones de los servicios públicos a empresas extranjeras, provienen de los entes multilaterales. En ocasiones me he preguntado si tales entes, que tanto predican que más importante que dar de comer, es enseñar a pescar, no se dan cuenta de que lo que proponen es que vendamos el mar.

En Venezuela estamos cerca de reiniciar los procesos de privatización de ciertos servicios públicos y, en tal sentido, considero oportuno plantearnos, sin complejos, la pregunta sobre si los inversionistas extranjeros deben o no tener acceso a los mismos. Hago referencia a lo de sin complejos, por cuanto presiento que muchos sufren hoy de unos complejos de insuficiencia globalizadora, que con creces supera los algo exagerados complejos nacionalistas de hace unas pocas décadas.

Entonces, ¿qué debemos hacer para permitir y asegurar la presencia de intereses nacionales en las privatizaciones que se avecinan? Ante nada creo que es importante reconocer que la manera como se plantee el proceso privatizador, tenderá a ahuyentar o a atraer al inversionista nacional.

Por ejemplo, si para el caso de la privatización de una distribuidora eléctrica, el Estado desea obtener un pago importante en la subasta, el cual deberá sumarse a los requerimientos de inversiones eléctricas propias, la inversión total será tan grande que tenderá a descalificar al inversionista nacional. Si por el contrario, los activos eléctricos fueran, por ejemplo, entregados en usufructo a quien ofrezca cobrar las menores tarifas, los nacionales tendría una mejor posibilidad de participar.

Por último y buscando apoyo por eso de que nadie es profeta en su propia tierra, me permito traer como referencia unas declaraciones que hace poco oí a David Montgomery, Visconte del Alemein, hijo del general Montgomery (Monty) y nuevo embajador de Inglaterra en México, donde sostenía que él simplemente no podía comprender cómo Argentina había vendido todas sus empresas de servicios públicos a inversionistas extranjeros. Yo tampoco lo comprendo, pero de lo que sí estoy seguro es que a menos que aceptemos perder a nuestro país en el mar de la globalización, debemos marcar con mayor claridad algunas posiciones limítrofes y no me refiero sólo a las fronteras geográficas.

¡Qué fastidio! Con tanto sitio para globalizar, ¿por qué quieren hacerlo justo aquí?

El Universal



29 de agosto de 2000

Notas sobre el valor del agua

Durante las últimas semanas he tenido la ocasión de reflexionar sobre el valor del agua y es por ello que hoy he querido compartir con Ustedes algunos de mis apuntes al respecto. 

El rango del valor del agua es casi infinito y abarca, desde un valor cero, que puede llegar a ser negativo (costo), cuando se encuentra excedentaria y produce desastres como los del Diciembre pasad; hasta un valor ilimitado, cuando la misma es indispensable para sobrevivir. Esos dos valores extremos los he ejemplificado en este artículo, como el valor del agua en la represa del Guri y el valor del agua mineral importada.

¿Cuánto vale un litro de agua en el Guri? Apartando la belleza de los embalses, el valor del agua del Caroní está estrechamente relacionado con la electricidad que produzca. Para efectuar tal cálculo, deben tomarse en consideración una serie de factores, entre ellos, los siguientes:

¿Cuánta electricidad genera? Mientras mayor sea la caída del agua, mayor el número de sitios para aprovecharla y mayor la eficiencia de las turbinas instaladas, obviamente que más será la electricidad que genera el agua y, por lo tanto, mayor su valor.

Abundancia o escasez. A veces el agua es tan abundante, que simplemente hay que dejarla correr por los aliviaderos, en cuyo caso no vale nada, otras veces escasea tanto, que su valor está en función del costo del racionamiento de la electricidad. Si un racionamiento sólo implica privarse un par de horas del uso del aire acondicionado, su valor no es tan grande, pero, si tal racionamiento le corta la luz a un quirófano durante una operación de corazón abierto, su valor es infinito.

El costo alternativo de la electricidad. Si el agua se usa para producir electricidad, es lógico que mientras más costoso resulte producirla por otra vía, mayor valor tendrá el agua. Por el contrario, si en Venezuela donde abunda el gas, se decide practicamente regalar éste para producir electricidad y las turbinas a gas cada día son mas eficientes y consumen menos gas para generar, entonces obviamente menos habrá de valer el agua en el Guri.

Las posibilidades de transmisión. De nada nos sirve lograr generar la electricidad del Bajo Caroní, si no la podemos transmitir luego a los lugares donde se encuentra ubicada la demanda. Bajo esta perspectiva, el valor del agua también estaría en función directa de la capacidad y eficiencia del sistema de transmisión, es por ello que me ha sorprendido que en la nueva Ley del Servicio Eléctrico, el Estado se haya reservado la generación hidroeléctrica en las cuencas de los ríos Caroní, Paragua y Cuara, sin haberse reservado la transmisión a los principales sitios de consumo de la electricidad allí generada. 

Por todo lo antes expresado, no resulta fácil cuantificar el valor del agua y debemos valernos para ello de modelos e instrumentos matemáticos, como programación dinámica estocástica y programación lineal. Describir cómo funcionan tales herramientas no es el propósito de este artículo, basta saber que permiten evaluar si el agua debe ser usada para generar electricidad hoy o, si por el contraria es mejor dejarla almacenada en el Guri para un futuro, corriendo incluso el riesgo de desperdiciarla, por una sobre abundancia.

He visto algunos cálculos del valor agua en el Guri. Entre ellos, un modelo presentado por el Ing. Alberto de Lima de la empresa Idese C.A., donde los valores fluctuaban, según las circunstancias, entre US$ 1.000 y US$ 45.000 por cada millón de metros cúbicos de agua, lo que equivale aproximadamente, a un valor de entre 0.07 y 3.15 cts. de bolívares por cada litro de agua con un valor mediano, que podría ubicarse alrededor de los 0.15 cts. de Bolívar. 

Lo anterior no parece mucho pero al considerar que el Bajo Caroní, con su generación eléctrica, hoy le ahorra al país, alrededor de 350.000 barriles de petróleo diarios y que tal ahorro será mayor en la medida en que se desarrolle todo su potencial, observamos que a US$ 30 por barril, estaríamos hablando de montos cercanos a los 10 millones de dólares diarios.

Hablemos ahora de otros valores del agua. Según entiendo, un camionero en la Isla de Margarita adquiere de Hidro Oriente el agua en 6 cts. de Bs. por litro y los revende a 1.50 Bs. por litro colocados en la puerta de su casa. Un botellón de agua potable de 25 litros cuesta 50 Bs. por litro y si queremos aplacar la sed con una botellita de agua local, hay que estar dispuesto a pagar alrededor de Bs. 400 por litro.

El premio de la especulación se lo gana el agua importada, donde el precio al detal, de acuerdo al tamaño de la botella, oscila entre 1.400 y 3.500 Bs. por litro. Cómo alguien paga esta cantidad por el agua resulta tan dificil de explicar que, por ejemplo, las autoridades francesas se han visto en la necesidad de decretar públicamente a este tipo de agua, como de interés nacional, lo que por supuesto es impreso en la botella.

Por cierto, hablando de agua importada (o agüita, como dirían algunos de mis “finos” compatriotas) me recuerdo que la última vez que revisé una etiqueta observé que ésta proporcionaba información precisa e importante sobre su “Contenido Nutricional” en los siguientes términos: Calorías 0, Total grasa 0 g = 0% del Valor Diario (VD), Sodio = 0 mg = 0% del VD, Carbohidratos 0 g = 0% del VD y Proteínas = 0 g = 0% del VD. Es por ello que cuando al tomarme ayer una botellita de agua en Margarita y estupefacto leí que, en lugar de los ceros franceses; contenía un Ph de 7.4, calcio 24, magnesio 14, hierro 0.1, sulfatos 20, cloruros 15 y fluor 0.9, me pregunté si su mercadeo estaría basado en ofecer más producto por el dinero. 

Hace una semana, en una tienda al mayor, observé a un venezolano comprar agua francesa a Bs. 860 el litro, lo que equivale a US$ 1.25, lo que a su vez equivale al precio de un litro de gasolina en Francia. No sé cuánto le quedará al productor francés por su agua, pero a Venezuela, por nuestra gasolina, no nos toca más que US$ 0.25 por litro, es decir Bs. 170, ya que el Fisco francés se apropia en impuestos de casi US$ 90 cts por litro (Bs. 620), o sea el 360% de lo que recibimos nosotros por liquidar un recurso natural no renovable.

Hago la anterior reflexión para poner en evidencia el inmenso valor educativo, que para nuestra juventud podría tener el enviarla, así sea un solo día, a discutir sobre materias energéticas, a orillas de la inspiradora represa del Guri.

Si en este artículo no he mencionado el precio que pagamos por el agua que recibimos por las tuberías en nuestro hogar, ello ha sido a propósito. Averiguarlo es la primera tarea de una asignación que debe ser obligatoria para todo venezolano. Otra tarea, ya más avanzado el curso, sería la de calcular el valor del agua para nuestra agricultura.



19 de septiembre de 1998

Golpeado en la cabeza por la venta de SENECA

El martes 14 de septiembre finalmente se privatizó el sistema eléctrico del Estado de Nueva Esparta, SENECA. El Fondo Venezolano de Inversiones (FIV) y Cadafe, ambos representantes de la Nación en este caso, habían establecido un precio base para la venta de US $ 35 millones. El precio que finalmente pagó el adjudicatario fue de 90 millones de dólares, otorgando a los vendedores una prima de 55 millones de dólares.

No cabe duda de que este es un gran logro y sería muy egoísta no felicitar a los involucrados en esta transacción por un trabajo bien hecho. Evidentemente, esta privatización es un buen augurio para el suministro de energía eléctrica para el Estado y en ese sentido su población puede celebrar el hecho.

Sin embargo, una y otra vez he mantenido la tesis de que la privatización de una empresa de servicios públicos debe tener como objetivo mejorar el servicio minimizando el costo del mismo para sus usuarios y no a maximizar los ingresos del gobierno central. Es en este sentido, entonces, que expreso las siguientes reservas con respecto a esta transacción en particular. No estoy criticando la privatización de SENECA per se, pero estoy levantando una bandera con respecto a los efectos de la "mañana después" de la misma.

Evidentemente, si SENECA se hubiera vendido por US $ 1, las tarifas de electricidad necesarias para amortizar la inversión habrían sido mucho más bajas. La comunidad financiera de hoy le ha otorgado a la deuda a largo plazo de la República de Venezuela un rendimiento libre de riesgo de impuestos y proyectos de más del 20% anual. En este sentido, no sería exagerado decir que los compradores de SENECA esperarán una rentabilidad de al menos el 20% de su propia inversión.

Esto implica que Margarita deberá aportar US $ 18 millones (es decir, 20% de US $ 90 millones) cada año y que este flujo debe provenir de las tarifas que pagan los usuarios finales del servicio. En términos de turismo, esto es como pagar por un pequeño hotel de cinco estrellas nuevo cada año. A este monto hay que sumar también los desembolsos que representan los sueldos, nueva inversión, compra de energía eléctrica e impuestos.

Bien podría ser que este peaje anual de 18 millones de dólares, por el derecho a liberarse de la gestión de Cadafe, sea en realidad un gran negocio para Margarita. Sin embargo, dado que Cadafe y la FIV obtuvieron US $ 90 millones para la entidad privatizada mientras proyectaban tarifas sobre un precio base de US $ 35 millones, hay espacio para las siguientes preguntas:

Primero: ¿Quién, si es que alguien, se pasó de la raya al prometer a los posibles inversores qué niveles tarifarios futuros pagaría la población de Margarita? ¿Quién calculó estas tarifas? ¿Cometieron un error? Si es así, ¿fue hecho a propósito o fue simplemente incompetencia? Es obvio que, si las tarifas ofrecidas en los documentos de licitación hubieran sido más bajas, los inversionistas no habrían puesto una prima de 55 millones de dólares sobre la mesa.

Me molesta muchísimo que los funcionarios públicos nos traten como idiotas. Cuando sostienen que obtuvieron esta prima simplemente por la excelencia en la gestión de la transacción, siento que nos están sacando la lengua a todos. ¿Por qué entonces no establecieron un precio base de 25 millones de dólares? La prima habría sido entonces de 65 millones de dólares en lugar de 55 millones de dólares. ¿Por qué no ofrecieron una estructura de tarifas aún más alta y obtuvieron, digamos, 120 millones de dólares en lugar de 90 millones de dólares?

Obviamente entendemos las risas y las palmadas en la espalda de los funcionarios estatales. Casi podemos escucharlos decir “Maravilloso. Nos hemos deshecho de la responsabilidad del suministro de energía a la isla. Además de esto, hemos recibido un pago de impuestos inicial de US $ 90 millones además de todos los demás impuestos que podremos cobrar en el futuro. ¡Nadie resulto más sabio por eso! ¡Qué buena oferta! ¡Hagamos la siguiente! "

Segundo: si Cadafe y FIV dicen que se habrían sentido contentos con el precio base de US $ 35 millones, ¿por qué entonces, quitarán la prima de US $ 55 millones de la isla? Debemos recordar que la totalidad de los US $ 90 millones, y especialmente la prima de US $ 55 millones, serán pagados en última instancia por la población de Margarita.

Inmediatamente después de la venta, un funcionario celebró el evento diciendo que se sentía como Sammy Sosa de los Chicago Cubs de béisbol cuando conectó el jonrón 61. Como usuario del sistema eléctrico en Margarita, me sentí más como si me hubieran golpeado en la cabeza con la misma pelota de béisbol.

Sugiero que analicemos la posibilidad de que la prima de US $ 55 millones sea retenida por la isla. Esto al menos aliviaría algo del dolor que me causó en la cabeza la pelota de béisbol. Con ello, se podría obtener un beneficio directo para la isla del asunto, por ejemplo, otra tubería de agua potable. Evidentemente, si todos los 90 millones de dólares se quedaron en la isla, tanto mejor.

En resumen, no hay duda de que como venezolanos todos deberíamos estar aplaudiendo el éxito de la privatización de SENECA frente a tiempos difíciles. Sin embargo, como margariteño asimilado, me cuesta celebrarlo ya que su costo, una hipoteca de US $ 90 millones, se ha colocado directamente sobre los hombros de la isla.

Publicado en el Daily Journal