HAY QUE LLEVAR LA LUZ A LA ELECTRICIDAD

Con la luz no se juega. Esta advertencia, normalmente dirigida a los niños, resulta igualmente válida para los adultos, ya que la electricidad y la eficiencia con la que se presta tal servicio, es de importancia fundamental para el país.

Por el peligro que puede estar presente al introducir consideraciones políticas, de índole cortoplacista, frecuentemente resulta tentador para una sociedad, aislar al sector eléctrico y dejarlo en manos de algunos de los expertos en ese campo. Hasta la fecha éste parece ser el caso en Venezuela.

Hoy nos enfrentamos con una nueva realidad. Quizás basado en los mismos preceptos, que indican que “la política es un asunto demasiado serio para dejárselo a los políticos”, la recién promulgada Ley del Servicio Eléctrico obliga a considerar, de manera directa, la participación activa en el sector de actores hasta ahora ausentes, entre ellos, los usuarios y los entes políticos descentralizados – los municipios.

Estoy de acuerdo con la nueva Ley pero, para que la participación democrática en el sector eléctrico sea constructiva y no distorsionante, resulta indispensable que se cuente con información completa, veraz y oportuna.

Esta semana, en televisión, dirigentes municipales del Zulia protestaron ante la posibilidad de aumentos en las tarifas. Por supuesto que un aumento duele y muy especialmente en las actuales circunstancias económicas por las cuales atraviesa el país. No obstante, un gran estímulo para la protesta se fundamenta en que, de verdad, la sociedad desconoce en general las verdaderas causas y orígenes de los aumentos y por tal razón, le resulta difícil establecer si la distribución de los sacrificios, es justa o no.

El Alcalde Zuliano – protestando los aumentos – argumentaba que para Maracaibo serían especialmente injustos, por ser la ciudad en Latino América con mayor consumo de electricidad per cápita. Desde su perspectiva su argumento parece perfectamente válido, pero, debido a los cuantiosos recursos de inversión que requiere el sector eléctrico, alguien puede objetar lo anterior.

Por ejemplo, un alcalde de un municipio que presenta un bajo consumo, pudiese exigir una tarifa baja como premio por ahorro y solicitar que se castigue al maracucho, con el fin de lograr una baja en el consumo de electricidad. Bien podría aludir aquella vieja contradicción que dice que Maracaibo, de forma simultánea, es la ciudad más caliente y la más fría de Venezuela, en este último caso, por la intensidad con la cual usan los aires acondicionados.

Entrar de árbitro en el ring para solucionar la disputa entre los dos alcaldes, sin un buen reglamento y confiables fuentes de informacion, sería un esfuerzo inútil y quizás hasta peligroso.

De igual manera, debe ser importante tener a la mano información válida con respecto a cómo el país distribuye la hidro-electricidad y el gas, dos bendiciones de la naturaleza que deben permiten producir una electricidad económica. Es obvio que, en este sentido, algunas regiones deben estar logrando mayores beneficios que otras y esto no puede propiciar un clima de entendimiento.

Finalmente, existe lo relativo a la eficiencia operativa de las empresas eléctricas y de sus necesidades de inversión. El consumidor, las autoridades regulatorias, o hasta las mismas empresas, no tienen la más mínima idea si en Venezuela, en términos reales, existe una industria eléctrica eficiente o no. Por ejemplo, ¿Qué significa que una empresa estatal del interior ofrezca tarifas muy inferiores a las de una empresa privada en la capital? De verdad, sin información adicional, verdaderamente pertinente, esto podría significar absolutamente cualquier cosa.

Aún cuando la función regulatoria, de acuerdo a la Ley, se encuentre situada en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, las obligaciones que la Ley le impone a las municipalidades, parecen implicar la necesidad de suministrarle a cada municipio, información individual y pormenorizada.

Intuitivamente, lo anterior me parece una maravilla. El día que cada municipio tenga información sobre su propia realidad, cuánto consumen, cuánta energía se pierde – o se roba, cómo pagan sus ciudadanos sus facturas, cuál es el impacto en sus tarifas a cuenta de un ente estatal que no paga sus facuras, cuánto es el subsidio en hidro y gas que le otorga la Nación, etc, ese día le habremos proporcionado la luz al sector eléctrico. Ese mismo día tendremos la posibilidad de tener un sector eléctrico racional.

Igualmente, un ciudadano necesita tener suficiente información para poder evaluar la gestión de las municipalidades y para determinar si la labor de sus autoridades municipales es mejor o peor que las otras. Un ranking del servicio eléctrico en las distintas municipalidades es un buen sitio donde comenzar.

Por último, relativo al acercamiento entre el sector eléctrico, usuario y municipio, creo que se debe fomentar todas aquellas pequeñas cosas que ayudan promover entre las partes, la buena voluntad y la comprensión de los sacrificios que siempre son requeridos para el buen funcionamiento de los servicios públicos.

En tal sentido, sugiero analizar la posibilidad de que representantes de la comunidad, puedan participar en la empresa eléctrica de su localidad. Estos representantes podrían, para un periodo determinado, ser elegidos de manera aleatoria (loteria) entre quienes expresen su voluntad y presentan ciertas calificaciones mínimas. Si en otros lugares se ha experimentado con un puesto en la Junta para la representación laboral, qué extraño tiene el ofrecérselo a quien la empresa se debe, su cliente obligado.

Igualmente creo que no se debe ignorar el significado del nombre de la empresa. Una empresa que se llama La Electricidad de Caracas, tiene por definición un mayor vínculo con su comunidad, que empresas con nombres tipo CADAFE.

Publicado en Economía Hoy el 25 de Enero de 2000

La constituyente eléctrica

De acuerdo a la recientemente promulgada Ley del Servicio Eléctrico, se crea una Comisión Nacional de Energía Eléctrica CNEE, que será responsable de proteger los derechos e intereses de los usuarios del servicio eléctrico.

Entre otros aspectos, le corresponde a la CNEE identificar la mejor teoría, métodos y modelos para lograr la asignación óptima de los recursos energéticos primarios y de su estructura tarifaria.

La importancia de la energía eléctrica para el mundo moderno es indiscutible, todos la necesitamos y todos la pagamos. Asegurar la participación ciudadana en tal proceso es importante y de hecho, la Ley le asigna a la CNEE la obligación de asegurar la permanente discusión pública y hasta menciona la figura consultiva de cabildos abiertos.

Para que tal discusión pública tenga sentido, es necesario que se comprendan algunas de las principales interrogantes que deben de ser respondidas. De manera muy simplificada, me permito asomar algunas de éstas.

En la mayoría de los países el problema de la energía eléctrica se resuelve simplemente con buscar la manera mas barata de generar, transmitir y distribuir electricidad. En un país como Venezuela, que cuenta con inmensas riquezas energéticas, apuntaladas en el caudal hidroeléctrico del Caroní y en los ingresos petroleros, que han hecho posible financiar su desarrollo, se debe además responder el cómo lograr distribuir tales riquezas de la manera más justa y productiva posible.

A nivel de políticas eléctricas mundiales, la fórmula o mecanismo más usado para establecer el precio de la energía primaria, consiste en que un agente central (despachador), en función del precio, compra electricidad hasta satisfacer las necesidades totales. El precio al cual hace su última compra, será el precio que cobra al consumidor y que paga al generador. Esto se conoce como fijar el precio en función del generador menos eficiente - el más costoso.

Por supuesto, en la vida real, lo anterior es algo más complicado teniéndose que incluir otro tipo de costos, como el de transmisión, el de servicios auxiliares que puedan necesitarse y una recompensa a aquellos generadores que sin vender, por razones de seguridad, guardan cierta parte de su capacidad a la disposición del mercado.

Analicemos entonces, para Venezuela, algunas de las implicaciones de aplicar el mecanismo anterior. ¿Qué precio se debe cobrar al consumidor y qué precio se debe pagar al generador? ¿Cómo funciona el sistema?

Para fines de ilustración, vamos a que el costo de producción de un Kw del Caroní sea de 1 céntimo de US$, el Kw generado con gas 1.5 cts. y el Kw generado con petróleo 2 cts. de US$. También supongamos que la hidro alcanza satisfacer el 70% de la demanda, la del gas el 20% y la generada con petróleo el 10%. `

De acuerdo a este escenario inicial, dado que se necesita de energía de petróleo para cubrir la demanda total, la fórmula indica que toda la energía primaria será cobrada y pagada a 2 cts. por Kw. En tales circunstancias, el Caroní, en vez de ser un proveedor de energía barata, se convierte en una efectiva maquinaria de recaudación de impuestos.

Lo anterior, de acuerdo a la teoría, es sólo temporal. En la medida en que se paga el precio de 2 cts. por Kw, precio nada atractivo para la generación con petróleo, pero muy interesante para la generación hidro o con gas, se efectúan nuevas inversiones en estas áreas y muy pronto, el 100% de la demanda se satisfacerá con hidro o gas, bajando el precio a por lo menos 1.5 cts. por Kw.

El nuevo precio de US$ 1.5 cts. por Kw desincentivará, por su parte, la realización de nuevas inversiones en gas, a menos que su tecnología mejore. Por otro lado, mientras que la hidro pueda desarrollarse a un costo inferior a este precio, su oferta aumentará y el precio seguirá bajando y, vivieron felices para siempre.

No siempre. El Estado puede tener un interés en usar la energía como medio para generar ingresos fiscales y en tal sentido, tomar la decisión de no invertir más en hidro o en gas, asegurándose un precio de 1.5 a 2 cts. de US$ por Kw.

Si Venezuela piensa establecer sus ventajas comparativas sobre la base de la energía barata, lo de usar la energía como instrumento de cobro fiscal, sería negativo. Por el contrario, si nadie es capaz de usar tal energía para desarrollar una actividad económica de importancia y tales ingresos fiscales son usados en la educación, buscando una ventaja distinta, esto, no necesariamente es malo.

Lo anterior nos indica la existencia de conflictos y la Ley, si bien indica la clara obligación de garantizar un suministro al menor costo posible, también exige que esto ocurra en concordancia con el desarrollo económico y social del país.

También es cierto que, cuando el Estado contribuye con una generación de energía primaria barata y si no existen los controles adecuados, puede que el resultado sólo sea abrir el espacio que permite ineficiencias aguas abajo, en la distribución y hasta en el consumo. En tal sentido la CNEE tendrá la obligación de crear estándares que permitan comparar la eficiencia de nuestra industria con la de otros países. Lo anterior, que se conoce como benchmarking, requiere de mucha habilidad para "apretar sin estrangular".

El guiar el futuro desarrollo del sector eléctrico es un campo minado con todo tipo de incertidumbres. Creo que la principal característica de los integrantes de la CNEE debe ser independencia y flexibilidad de criterios. Independencia para lograr navegar entre los diversos intereses y flexibilidad por cuanto en esta materia no hay dogmas ciertos y permanentes.

En el sector eléctrico también nos enfrentamos a un proceso constituyente.

Publicado en Economía Hoy, 14 de Diciembre de 1999

Privaticemos el sector eléctrico... pero con calma

Desde muchos lados, incluyendo a Fedecámaras, se oyen solicitudes para que se imprima celeridad en los procesos de privatización de las empresas del sector eléctrico. ¡Señores, por Dios, mucha calma con eso!

La privatización del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta (Seneca), bajo la dirección del Fondo de Inversiones de Venezuela, FIV, es un buen ejemplo de que del apuro sólo viene el cansancio. Hoy, la Isla de Margarita enfrenta una estructura tarifaria que no puede pagar y el inversionista de Seneca tampoco puede cobrar. La situación es dramática, hace falta un nuevo cable de suministro de energía de tierra firme o un gasoducto y no se sabe de dónde vendrán los recursos para ello.

Es absurdo que el inversionista al cual se le adjudicó Seneca, cuando presenta en público su plan de inversiones prioritarias por US$ 157 millones, tenga que aclarar que los primeros US$ 63 millones desembolsados no tenían nada que ver con la electricidad de la Isla. El único fin de tal pago fue alimentar la voracidad fiscal del gobierno central.

Es absurdo el haber privatizado Seneca sin antes haber contemplado como obligatoria la inmediata inversión en un nuevo cable submarino. Puede resultar útil y satisfactorio para la Isla el tener autonomía eléctrica e, igualmente, un acceso a gas, pero, lo que más necesita, desea y merece, como todo el resto de Venezuela, es energía hidroeléctrica económica.

No deseo implicar que el FIV haya hecho un mal trabajo, todo lo contrario. Por cuanto su objetivo debe haber sido el de maximizar el precio de venta, podemos decir que cumplió con excelencia. El error fue de quien asignó la responsabilidad de privatizar un servicio público al FIV, un ente ajeno al sector, que poco conoce cómo satisfacer los requerimientos eléctricos de la comunidad.

Por lo antes expuesto creo, que antes de proseguir con las privatizaciones eléctricas, es necesario corregir el proceso y reasignar las responsabilidades. Igualmente, para asegurar la calidad de sus resultados, debemos propiciar mayor claridad sobre algunos aspectos fundamentales, como serían los siguientes:

1. Conociendo que la energía en Venezuela, ante nada proviene del Caroní y su principal complemento es el gas, es importante fijar criterios a largo plazo relativos a cómo se distribuyen tales recursos al país y a qué precios. En estas discusiones es vital que la perspectiva del usuario esté representada.

2. Una empresa eléctrica, que puede usar hidro-electricidad, obviamente puede ofrecer una tarifa menor que aquélla que tiene que usar electricidad generada con gas o fuel oil. La oportunidad de la privatización también incide en las tarifas. Es distinto privatizar cuando el precio del barril de petróleo está en US$ 30, que cuando está en US$ 10. Lo anterior, hace obligatorio crear mecanismos compensatorios que resuelvan las posibles injusticias regionales.

3. Después de décadas de espera, finalmente existe una Ley del sector Eléctrico. ¿No sería lógico esperar un poco, hasta tener algunos de sus reglamentos, antes de otorgar concesiones cuasi-monopolísticas por 25 años?

No soy contrario a las privatizaciones, precisamente por creer en ellas es que pido calma y cordura, para tratar de evitar que todo el proceso se desacredite. Creo que sólo haciéndolo bien, tenemos la posibilidad de solventar las urgentes necesidades del sector eléctrico. En tal sentido es necesario que diferenciemos entre lo que significa privatizar negocios normales, tipo aluminio o petroquímica y privatizar servicios públicos.

Un país debe buscar que los servicios públicos sean suministrados de la manera más económica y eficiente posible para, facilitarle el desarrollo económico a los demás sectores. De allí que cuando vemos que en Venezuela las acciones más negociadas en los mercados de capitales son las del sector de los servicios públicos, nos hace pensar que alguien perdió la brújula.

Igualmente, hay que encontrarle solución al problema de la Isla de Margarita.

En la privatización de Seneca el Precio Base, por el 100%, rondaba los US$ 30 millones – o sea, éste era el precio al cual Cadafe/FIV estaban dispuestos a entregar todos los activos eléctricos de la Isla. Seneca se vendió valorada en US$ 90 millones, dando lugar a una Prima de US$ 60 millones. Al sólo haberse vendido el 70% de Seneca, concluimos que los US$ 63 Millones recibidos por Cadafe/FIV, se dividen en US$ 21 Millones como parte de precio base y US $ 42 Millones por concepto de Prima.

El origen natural de la Prima es el de haber establecido una estructura tarifaria más alta que la necesaria. Por cuanto esas tarifas habrán de ser pagadas por el usuario margariteño, bien podemos argumentar que la Prima –no le corresponde a Cadafe/FIV. ¿Calificará esto como una apropiación indebida?

Fedecámaras, debe apoyar cualquier solicitud que hagan sus representados margariteños con el fin de solicitar que Cadafe/FIV le devuelvan a la Isla los US$ 42 millones, a fin de que Margarita adquiera un nuevo cable (aéreo o submarino). Logrado esto, debe renegociar sus tarifas con los dueños de Seneca, considerando a tal fin que el inversionista es corresponsable de la situación, al no haber efectuado un adecuado proceso de due diligence.

En verdad considero que Cadafe/FIV debe reintegrar la totalidad de los US$ 63 millones recibidos, ya que los activos enajenados ya pertenecían a la Isla a cuenta de su cuota parte de la renta petrolera, fuente original para su pago.

Publicado en Economía Hoy, 2 de Noviembre de 1999

La nueva ley eléctrica y las nuevas privatizaciones

Al fin, después de décadas de discusión, tenemos una Ley de Servicio Eléctrico, que permitirá invitar a los capitales privados a que participen en la solución de los problemas de suministro eléctrico del país. Ahora bien, debemos evitar que esos nuevos fondos vayan a ser desviados para solucionar problemas ajenos al sector eléctrico o para mejorar el flujo de caja general del Estado, como ocurrió en experiencias recientes. Me explico.

Uno de los conceptos financieros más errados de la actualidad es el que considera que el monto pagado por un inversionista por una concesión eléctrica constituye una simple y pura ganancia del país. NO, lo que el inversionista paga es, en esencia, una deuda a ser cancelada, en este caso, no mediante intereses y amortización, sino mediante el pago de tarifas eléctricas.

Supongamos que por una concesión eléctrica de 25 años, con tarifas bajas y con necesidad de inversiones en mejoras por US$ 100 millones, a ser ejecutadas en el plazo de un año, un inversionista está dispuesto a pagar US$ 1 millón. Supongamos también que al vendedor de la concesión le interesa recibir más dinero. ¿Qué puede hacer?

Primero: Ofrece mayores tarifas. Si el consumidor paga más, habrá una mayor utilidad, mayores dividendos y por lo tanto el negocio vale más. El vendedor de la concesión duplica las tarifas, por lo que el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta US$ 50 Millones.

Segundo: Permite alargar las inversiones. Si al inversionista se le autoriza a prolongar el período de los desembolsos, algunas de las inversiones serán cubiertas con el flujo de caja propio del negocio y, obviamente, así se le hace más atractivo. El vendedor permite que los US$ 100 Millones de inversión requerida se ejecuten a razón de US$ 20 millones anuales, por cinco años y el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta US$ 60 Millones.

Tercero: Se alarga el plazo de la concesión. A mayor el plazo, el negocio vale más. El vendedor extiende el plazo de la concesión a 50 años y el comprador está dispuesto a pagar hasta US$ 70 Millones.

Cuarto. Todo inversionista tiene diversos intereses. El vendedor los averigua, los satisface y el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta US$ 90 Millones.

Conclusión: Nada es gratis y cada dólar recibido tiene su contrapartida.

En la prensa seguimos leyendo sobre las expectativas del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) de recibir US$ 700 Millones por las privatizaciones pendientes en el sector eléctrico. Para ello deberá, en diversas combinaciones, ofrecer mayores tarifas que las necesarias, aminorar el ritmo de las inversiones requeridas, otorgar plazos de concesión mayores a los originalmente contemplados o satisfacer cualquier otro interés del inversionista, aún cuando no el mismo no esté ligado al sector eléctrico.

En otras palabras, para lograr captar US$ 700 Millones es necesario hacer del sector eléctrico un gran negocio en sí. Por cuanto la existencia de un servicio de energía eléctrica barato y de buena calidad es una de las principales ventajas comparativas que puede tener un país para desarrollar otros negocios, lo anterior preocupa.

Uno de los riesgos de ejecutar un programa de privatización del sector eléctrico, sin previamente haber definido políticas y marco regulatorio, es que se configuren distintas realidades tarifarias para distintas áreas del país. Aún en el mejor de los casos, aquél donde la aspiración del Estado se limita a satisfacer la necesidad del usuario, sin buscar obtener un rendimiento especial, esto puede ocurrir. Por ejemplo, en épocas de turbulencia económica, una misma concesión puede requerir, para lograr su exitosa adjudicación, de un pliego tarifario mucho más alto que el necesario para una época de bonanza económica.

Es lógico que dentro de un mismo país exista cierta uniformidad entre las tarifas eléctricas. Por ello sería injusto que una zona pague altísimos costos eléctricos por haber sido privatizada pre Asamblea Constituyente, con el petróleo a US$10; mientras que otra zona, por haber tenido la suerte de ser privatizada después de la ANC y con el barril a US$ 25, pague menos.

La nueva Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) tiene sobre sus hombros la responsabilidad de solucionar el problema planteado. A tal fin, recomiendo: 1) Estimar una tarifa meta óptima "promedio nacional"; 2) Revisar las fuentes de recursos y normas compensatorias, las cuales probablemente deben ir mucho más allá de los subsidios contemplados en la Ley y 3) Diseñar la metodología para ejecutar tales compensaciones sin introducir distorsiones.

La Ley fija un plazo no mayor de dos años para que entre en funcionamiento la CNEE. Ojalá que no sea necesario esperar tanto. Venezuela tiene urgencia en comenzar a invertir en soluciones eléctricas, pero no puede darse el lujo de que tales soluciones se enmarquen dentro del actual modelo, que ha producido resultados poco deseables, como en el caso de Margarita.

Me permito recordarles que la concesión de Margarita, SENECA, se vendió valorizada en US$ 90 millones, habiéndose ya recibido US$ 63 Millones por la venta del 70%. Los fondos fueron casi íntegramente enviados a Caracas para solucionar problemas de caja del Gobierno Central. Como consecuencia de ello la Isla quedó hipotecada con una estructura tarifaria bastante más alta que la necesaria. Como usuario en Margarita espero de la CNEE que no nos dejen abandonados a nuestra mala suerte.

Publicado en Economía Hoy el 5 de Octubre de 1999

Es electricidad lo que la Isla de Margarita necesita

Ni siquiera me he mudado a Margarita (faltan unos 15 años) y ya debo pedirles a mis lectores que tengan paciencia porque, una vez más, solo me queda escribir sobre algo relacionado con la Isla. Creo que se entenderán mis razones. 

Esta semana fuimos testigos en la prensa de la primera escaramuza resultante de la privatización del sector eléctrico de Margarita, un proceso que siempre he considerado públicamente como fundamentalmente defectuoso. Por supuesto, el sistema se estropeó y el cable submarino, de 22 años de antigüedad y al que nunca se le dio mantenimiento, se negó a cooperar con los nuevos propietarios.

Por pura coincidencia, esta semana vi la publicación de una serie de impresionantes fotos que muestran el avance de la construcción de las líneas eléctricas hacia Brasil y leí sobre el compromiso del nuevo gobierno de reiniciar, en 10 a 14 semanas, la privatización de otras empresas eléctricas, esperando de esa manera recaudar más fondos.

No sólo me repetiré, sino que también lo haré descaradamente citando mis propios artículos. No hay intenciones de "te lo dije", sino simplemente la necesidad de demostrar que todos los problemas actuales eran bien conocidos en ese momento. En febrero del 98, en un artículo titulado Electricidad para Brasil escribí: 

"Estoy convencido de que, si vamos a invertir en líneas de transmisión, Margarita, por ejemplo, probablemente lo merezca mucho más que Brasil. Simplemente no entiendo cómo y por qué un importante polo de desarrollo para el país como Margarita se está viendo obligado a sistemas de generación más caros, como por ejemplo la vieja idea de un gasoducto desde la línea principal hasta la isla, mientras simultáneamente desarrollamos megaproyectos para exportar energía a Brasil.

No hace falta ser un experto en asuntos medioambientales para sospechar que un kilómetro 217. La línea eléctrica suspendida que debe estar sustentada por 512 torres, cada una de ellas de 36 metros de altura, distribuidas en áreas ambientalmente sensibles como el Parque Nacional Canaima, la Reserva Forestal de Imataca y la Zona de Protección Sur del Estado Bolívar, debe tener graves implicaciones. . No basta con afirmar que se tendrá especial cuidado en camuflar las torres para reducir el contraste con el horizonte.

Propongo que estudiemos la posibilidad de un intercambio. Un nuevo sistema de distribución de energía para Margarita, mediante líneas suspendidas y/o cables submarinos, a cambio de un gasoducto (subterráneo) hacia Brasil. Este último puede entonces construir sus propias centrales eléctricas donde y cuando lo considere oportuno".

Este razonamiento tuvo su origen en un artículo publicado en junio de 1997 y donde con cierta vehemencia expresé: "Consideraría injusto que la Isla de Margarita terminara pagando las tarifas más altas del mundo por su energía sólo para satisfacer la necesidad ofrecer un retorno aceptable a un inversionista que no sólo estaría obligado a invertir importantes cantidades de recursos en un plan de expansión e inversión, sino también a maximizar los ingresos de CADAFE, FIV o cualquier otra entidad estatal."

Luego escribí unos 4 artículos más hasta septiembre de 1998 cuando finalmente se privatizó el SENE y los resultados fueron (para mí) mucho peores de lo esperado. Nuevamente me cito: "Si Cadafe y FIV dicen que hubieran estado contentos con el precio base de US$ 35 millones, ¿por qué entonces le quitarán a la Isla la prima de US$ 55 millones? Hay que recordar que la totalidad de los US$ 90 millones, y en especial la prima de US$ 55 millones, serán sufragados en última instancia por la población de Margarita"

Aunque yo hubiera querido que la concesión se vendiera por 1 dólar estadounidense para obtener tarifas más razonables, como remedio sugerí en ese artículo que al menos la isla retuviera la prima de 55 millones de dólares" por el cable submarino, una nueva tubería de agua potable, o cualquier otra necesidad, pero eso no fue así.

En respuesta a la euforia del gobierno escribí también: "Obviamente entendemos las risas y las palmadas en la espalda de los funcionarios del Estado. Casi podemos escucharlos decir: "Maravilloso. Nos hemos librado de la responsabilidad del suministro de energía a la isla. Después de todo, hemos recibido un pago inicial de 90 millones de dólares, además de todos los demás impuestos que podremos cobrar en el futuro. ¡Nadie se dio cuenta! ¡Qué trato! " - Y eso es, por un monto mínimo de 700 millones de dólares, lo que anuncian ahora.

Hoy todavía podemos intentar arreglarlo o, al menos, no empeorarlo. Primero, leyendo que el actual dueño del SENE está interesado en el gasoducto a Margarita, dejémosle perfectamente claro que a la Isla, como al resto del país, no le interesa el gas per se sino la electricidad barata y que En Venezuela, hasta ahora, esto ha significado hidroelectricidad. Si finalmente se impone el gas Margarita debería al menos solicitar un contrato de suministro de gas, con una vigencia de 50 años, y a un precio igual al costo marginal.

Una alternativa es que Margarita tenga el primer derecho sobre los nuevos fondos que recibirá el gobierno de la nueva privatización para recuperar la totalidad de los 90 millones de dólares que fueron desviados de la isla y ayudar a pagar el cable submarino que debería haber sido implementado antes de la privatización en Margarita. Y por supuesto, renegociar toda la estructura arancelaria.

Traducido de un artículo en el Daily Journal

It’s electricity Margarita needs

I haven't even moved to Margarita (about 15 years to go) and already I must ask my readers to bear with me because, once again, I just have to write about something related to the Island. I believe my reasons will be understood. 

This week we witnessed in the press the first skirmish resulting from the privatization of the electricity sector of Margarita, a process I have always, publicly, held as fundamentally flawed. Of course, the system broke down and the submarine cable, 22 years old and never really maintained, refused to cooperate with the new owners.

By sheer coincidence, this week I saw the publication of a series of impressive photos showing the advance of the construction of the power lines to Brazil and read about the new government's commitment to reinitiate in 10 to 14 weeks, the privatization of other electricity companies, hoping that way to raise more funds.

I will not only repeat myself I will also do it shamelessly by quoting from my own articles. There is no "I told you so" intentions but just the need to show that all the current issues were well known, at that time. In February 98, in an article named electricity to Brazil I wrote:

"I am convinced that if we are to invest in transmission lines, Margarita for one, is probably much more deserving than Brazil. I simply don’t understand how and why an important pole of development for the country such as Margarita is being forced into more expensive generation systems such as, for example, the time-worn idea of a gas pipeline from the mainline to the island, while we are simultaneously developing mega-projects in order to export power to Brazil.

You don’t have to be an expert in environmental affairs to suspect that a 217 Km. suspended power line which must be supported by 512 towers, each of them 36 meters high, spread out through environmentally sensitive areas such as the Canaima National Park, the Imataca Forest Reserve and the Southern Protection Zone of the State of Bolívar, must have serious implications. It is not enough to assert that there will be special care taken to camouflage the towers in order to reduce contrast with the horizon.

I propose that we study the possibility of a swap. A new power distribution system for Margarita, via suspended lines and or submarine cables, in exchange for a gas pipeline (underground) to Brazil. The latter can then build it’s own power plants wherever and whenever it sees fit."

This line of reasoning had its origin in an article published June 1997 and where I, with some vehemence expressed:  "I would consider it unjust if the Island of Margarita ended up paying the highest tariffs in the world for its energy just to satisfy the need to offer an acceptable return to an investor who would not only be required to invest serious amounts of resources in an expansion and investment plan, but also to maximize the income for CADAFE, FIV or any other state entity."

Then I wrote about 4 articles more up until September 1998 when SENE was finally privatized and the results were (for me) much worse than expected. Again I quote myself "If Cadafe and FIV say they would have been happy with the base price of US$ 35 million, why then, will they take the US$ 55 million premium away from the island? We must remember that the entire US$ 90 million, and specially the premium of US$ 55 million, will be ultimately footed by Margarita’s population"

Although I had wanted that the concession had been sold for 1 US$ so as to obtain more reasonable rates, as a remedy I suggested in that article that at least the US$ 55 million premium be retained by the island" for the submarine cable, a new pipeline of potable water, or any other need. But, that was not to be.

In response to the government's euphoria I also wrote " We obviously understand the laughter and back slapping by State officials. We can almost hear them say “Marvelous. We have gotten rid of the responsibility of the supply of power to the island. On top of this, we have received a front-end tax payment of US$ 90 million on top of all the other taxes we will be able to charge in the future! Nobody was the wiser for it! What a deal! Let’s do the next one!” - And that is, to the tune of a minimum US$ 700 Million, what they are announcing now.

Today we can still try to mend it or at least, not make it worse. First of all, reading that the current owner of SENE is interested in the gas pipe to Margarita, let's make it perfectly clear to him that the island, as the rest of the country, is not interested in gas per se but inexpensive electricity and that in Venezuela, until now, this has meant hydro electricity. If gas is finally imposed Margarita should at least request a supply contract of gas, valid for 50 years, and at a price equal to marginal cost.

An alternative is for Margarita to have first recourse over the new funds the government will receive from the new privatization in order to recover the full US$ 90 million that was diverted from the island, and to help pay for the submarine cable that should have been put in place before privatizing in Margarita. And of course, renegotiate the whole tariff structure.

Daily Journal, Caracas, July 6, 1999

Golpeado en la cabeza por la venta de SENECA

El martes 14 de septiembre finalmente se privatizó el sistema eléctrico del Estado de Nueva Esparta, SENECA. El Fondo Venezolano de Inversiones (FIV) y Cadafe, ambos representantes de la Nación en este caso, habían establecido un precio base para la venta de US $ 35 millones. El precio que finalmente pagó el adjudicatario fue de 90 millones de dólares, otorgando a los vendedores una prima de 55 millones de dólares.

No cabe duda de que este es un gran logro y sería muy egoísta no felicitar a los involucrados en esta transacción por un trabajo bien hecho. Evidentemente, esta privatización es un buen augurio para el suministro de energía eléctrica para el Estado y en ese sentido su población puede celebrar el hecho.

Sin embargo, una y otra vez he mantenido la tesis de que la privatización de una empresa de servicios públicos debe tener como objetivo mejorar el servicio minimizando el costo del mismo para sus usuarios y no a maximizar los ingresos del gobierno central. Es en este sentido, entonces, que expreso las siguientes reservas con respecto a esta transacción en particular. No estoy criticando la privatización de SENECA per se, pero estoy levantando una bandera con respecto a los efectos de la "mañana después" de la misma.

Evidentemente, si SENECA se hubiera vendido por US $ 1, las tarifas de electricidad necesarias para amortizar la inversión habrían sido mucho más bajas. La comunidad financiera de hoy le ha otorgado a la deuda a largo plazo de la República de Venezuela un rendimiento libre de riesgo de impuestos y proyectos de más del 20% anual. En este sentido, no sería exagerado decir que los compradores de SENECA esperarán una rentabilidad de al menos el 20% de su propia inversión.

Esto implica que Margarita deberá aportar US $ 18 millones (es decir, 20% de US $ 90 millones) cada año y que este flujo debe provenir de las tarifas que pagan los usuarios finales del servicio. En términos de turismo, esto es como pagar por un pequeño hotel de cinco estrellas nuevo cada año. A este monto hay que sumar también los desembolsos que representan los sueldos, nueva inversión, compra de energía eléctrica e impuestos.

Bien podría ser que este peaje anual de 18 millones de dólares, por el derecho a liberarse de la gestión de Cadafe, sea en realidad un gran negocio para Margarita. Sin embargo, dado que Cadafe y la FIV obtuvieron US $ 90 millones para la entidad privatizada mientras proyectaban tarifas sobre un precio base de US $ 35 millones, hay espacio para las siguientes preguntas:

Primero: ¿Quién, si es que alguien, se pasó de la raya al prometer a los posibles inversores qué niveles tarifarios futuros pagaría la población de Margarita? ¿Quién calculó estas tarifas? ¿Cometieron un error? Si es así, ¿fue hecho a propósito o fue simplemente incompetencia? Es obvio que, si las tarifas ofrecidas en los documentos de licitación hubieran sido más bajas, los inversionistas no habrían puesto una prima de 55 millones de dólares sobre la mesa.

Me molesta muchísimo que los funcionarios públicos nos traten como idiotas. Cuando sostienen que obtuvieron esta prima simplemente por la excelencia en la gestión de la transacción, siento que nos están sacando la lengua a todos. ¿Por qué entonces no establecieron un precio base de 25 millones de dólares? La prima habría sido entonces de 65 millones de dólares en lugar de 55 millones de dólares. ¿Por qué no ofrecieron una estructura de tarifas aún más alta y obtuvieron, digamos, 120 millones de dólares en lugar de 90 millones de dólares?

Obviamente entendemos las risas y las palmadas en la espalda de los funcionarios estatales. Casi podemos escucharlos decir “Maravilloso. Nos hemos deshecho de la responsabilidad del suministro de energía a la isla. Además de esto, hemos recibido un pago de impuestos inicial de US $ 90 millones además de todos los demás impuestos que podremos cobrar en el futuro. ¡Nadie resulto más sabio por eso! ¡Qué buena oferta! ¡Hagamos la siguiente! "

Segundo: si Cadafe y FIV dicen que se habrían sentido contentos con el precio base de US $ 35 millones, ¿por qué entonces, quitarán la prima de US $ 55 millones de la isla? Debemos recordar que la totalidad de los US $ 90 millones, y especialmente la prima de US $ 55 millones, serán pagados en última instancia por la población de Margarita.

Inmediatamente después de la venta, un funcionario celebró el evento diciendo que se sentía como Sammy Sosa de los Chicago Cubs de béisbol cuando conectó el jonrón 61. Como usuario del sistema eléctrico en Margarita, me sentí más como si me hubieran golpeado en la cabeza con la misma pelota de béisbol.

Sugiero que analicemos la posibilidad de que la prima de US $ 55 millones sea retenida por la isla. Esto al menos aliviaría algo del dolor que me causó en la cabeza la pelota de béisbol. Con ello, se podría obtener un beneficio directo para la isla del asunto, por ejemplo, otra tubería de agua potable. Evidentemente, si todos los 90 millones de dólares se quedaron en la isla, tanto mejor.

En resumen, no hay duda de que como venezolanos todos deberíamos estar aplaudiendo el éxito de la privatización de SENECA frente a tiempos difíciles. Sin embargo, como margariteño asimilado, me cuesta celebrarlo ya que su costo, una hipoteca de US $ 90 millones, se ha colocado directamente sobre los hombros de la isla.

Publicado en el Daily Journal

PRIVATIZAR SERVICIOS PUBLICOS - ¿UN IMPUESTO OCULTO?

A mis amigos, en broma y en serio, les comento sobre una reciente pesadilla en la cual el abuelo cariñosamente le regaló a sus nietas, mis hijas, unas acciones de la CANTV, con el resultado de que ellas, utilizando mi menguado flujo de caja, ahora se dedican durante todo el día a efectuar llamadas con la firme esperanza de cobrar un dividendo. 

El conflicto de interés al cual apunto, es decir, por un lado el consumidor de un servicio público que desea un servicio eficiente y barato y por el otro lado el inversionista que requiere un rendimiento, ha sido muy ignorado en Venezuela.

Cuando en 1991 se otorgaron las concesiones a las empresas de telefonía celular en Israel, el criterio de adjudicación consistía en seleccionar la empresa que ofrecía el mejor y mas barato servicio al consumidor. 

En Venezuela las ventas de empresas de servicios públicos o de concesiones similares se fundamentan en la maximización del ingreso del Estado, logrado mediante una especie de cobro de impuestos por adelantado, el cual será repagado por el consumidor año tras año por la vía de tarifas altas. Los resultados están a la vista, en Venezuela el costo por minuto de la telefonía celular supera en mas de diez veces el costo prevaleciente en Israel.

No hay razón para oponerse a que el Estado, por vía de la privatización, transfiera al sector privado la responsabilidad relativa a la prestación de un servicio público. No obstante, cuando la anterior transferencia se efectúa para enriquecer al Estado, al maximizar el precio de venta, nos enfrentamos a una nueva y extraña versión de un neoliberalismo tropical, inventado no para servir las necesidades de los ciudadanos, sino para satisfacer los inagotables requerimientos de ingresos de un sector político estatal.

Hoy, como consecuencia de la venta de CANTV, estamos cancelando mensualmente altos impuestos al pagar tarifas telefónicas superiores a las necesarias de no existir los políticos o el fisco demostrado tanta avaricia en el momento de la privatización. Para colmo, nuestros pagos ni siquiera aparecen registrados como impuestos que son, permitiéndole así a los políticos seguir sosteniendo la absurda tesis de que Venezuela es un país con una baja presión tributaria.

En estos momentos se acaba de anunciar la próxima privatización del Sistema Eléctrico de Margarita (SENE). Entre los anuncios se menciona un incremento de tarifa del 20% para 1999 y una "tarifa especial" para los temporadistas. Por cuanto soy temporadista y sospecho que una "tarifa especial" no se trata de algo bueno sino de algo muy costoso (los políticos han aprendido mucho de los vendedores de tiempo compartido), protesto este nuevo impuesto.

Supuestamente el 29 de este mes anunciaran el Precio Base del SENE, precio mínimo al cual habrán de otorgar la concesión eléctrica de Margarita por 50 años. A los que tienen un interés en Margarita les conviene recordar que por cada dólar que indique tal precio habrá por parte del inversionista la exigencia de un rendimiento y para el usuario la consecuencia de una mayor tarifa. La relación es muy sencilla. Si suponemos que no se hubiese incluido la promesa de un aumento del 20% para 1998 es muy posible que un inversionista pudiese seguir interesado en acometer las inversiones necesarias para que Margarita tenga un buen servicio de luz pero por supuesto tendría que ofrecer un menor precio al Estado.

Alguien puede protestar que el Estado no tiene derecho de vender estos activos por nada. No estoy seguro. La verdad es que los activos eléctricos de Margarita fueron financiados por los ingresos del Estado (principalmente los petroleros) por voluntad propia del Estado y como resultado de la gestión política de distribución de ingresos que se había aceptado. En estos momentos en que el Estado de hecho se esta librando de la responsabilidad de darle servicio eléctrico a Margarita, el que además trate de cobrar por esto me parece mas que exagerado.

Es mas, para el caso de Margarita, antes de que la Isla acepte que el Estado se desentienda de su futuro eléctrico (lo cual de todas formas le habrá de convenir a la Isla) debería exigirle a éste que asuma la responsabilidad de construir un nuevo cable submarino para así asegurar que la Isla también pueda usar energía hidroeléctrica a un precio razonable, tal como se le permite a lugares mas distantes como el Zulia o se le quiere permitir a Brasil.

Muchos de los problemas aquí mencionados surgen de haber encargado de las privatizaciones de los servicios públicos a un ente como el Fondo de Inversiones de Venezuela cuyo objetivo natural debe ser el de maximizar los ingresos. Lástima que el FIV termine logrando sus objetivos en los casos equivocados.

Finalmente desearía comentar sobre la incomoda situación en que se ha colocado el Estado cuando por un lado existe la obligación política de ofrecer tarifas razonables a los electores y por el otro se ha dejado rastros de publicidad que han pregonado a los cuatro vientos (no necesariamente con permiso de la Comisión Nacional de Valores) las inmensas bondades de estas inversiones. De ser cierto el dicho "música paga no suena" o lo que es igual, "impuesto cobrado y gastado no rinde", no le auguro las mejores posibilidades a los inversionistas.

Para evitar cualquier malentendido debo precisar que estos comentarios se refieren a la privatización de empresas proveedoras de servicios públicos. Para el caso de empresas como Sidor, es lógico que el Estado haya buscado maximizar sus ingresos.

Economía Hoy, 28 de Julio de 1998