Golpeado en la cabeza por la venta de SENECA

El martes 14 de septiembre finalmente se privatizó el sistema eléctrico del Estado de Nueva Esparta, SENECA. El Fondo Venezolano de Inversiones (FIV) y Cadafe, ambos representantes de la Nación en este caso, habían establecido un precio base para la venta de US $ 35 millones. El precio que finalmente pagó el adjudicatario fue de 90 millones de dólares, otorgando a los vendedores una prima de 55 millones de dólares.

No cabe duda de que este es un gran logro y sería muy egoísta no felicitar a los involucrados en esta transacción por un trabajo bien hecho. Evidentemente, esta privatización es un buen augurio para el suministro de energía eléctrica para el Estado y en ese sentido su población puede celebrar el hecho.

Sin embargo, una y otra vez he mantenido la tesis de que la privatización de una empresa de servicios públicos debe tener como objetivo mejorar el servicio minimizando el costo del mismo para sus usuarios y no a maximizar los ingresos del gobierno central. Es en este sentido, entonces, que expreso las siguientes reservas con respecto a esta transacción en particular. No estoy criticando la privatización de SENECA per se, pero estoy levantando una bandera con respecto a los efectos de la "mañana después" de la misma.

Evidentemente, si SENECA se hubiera vendido por US $ 1, las tarifas de electricidad necesarias para amortizar la inversión habrían sido mucho más bajas. La comunidad financiera de hoy le ha otorgado a la deuda a largo plazo de la República de Venezuela un rendimiento libre de riesgo de impuestos y proyectos de más del 20% anual. En este sentido, no sería exagerado decir que los compradores de SENECA esperarán una rentabilidad de al menos el 20% de su propia inversión.

Esto implica que Margarita deberá aportar US $ 18 millones (es decir, 20% de US $ 90 millones) cada año y que este flujo debe provenir de las tarifas que pagan los usuarios finales del servicio. En términos de turismo, esto es como pagar por un pequeño hotel de cinco estrellas nuevo cada año. A este monto hay que sumar también los desembolsos que representan los sueldos, nueva inversión, compra de energía eléctrica e impuestos.

Bien podría ser que este peaje anual de 18 millones de dólares, por el derecho a liberarse de la gestión de Cadafe, sea en realidad un gran negocio para Margarita. Sin embargo, dado que Cadafe y la FIV obtuvieron US $ 90 millones para la entidad privatizada mientras proyectaban tarifas sobre un precio base de US $ 35 millones, hay espacio para las siguientes preguntas:

Primero: ¿Quién, si es que alguien, se pasó de la raya al prometer a los posibles inversores qué niveles tarifarios futuros pagaría la población de Margarita? ¿Quién calculó estas tarifas? ¿Cometieron un error? Si es así, ¿fue hecho a propósito o fue simplemente incompetencia? Es obvio que, si las tarifas ofrecidas en los documentos de licitación hubieran sido más bajas, los inversionistas no habrían puesto una prima de 55 millones de dólares sobre la mesa.

Me molesta muchísimo que los funcionarios públicos nos traten como idiotas. Cuando sostienen que obtuvieron esta prima simplemente por la excelencia en la gestión de la transacción, siento que nos están sacando la lengua a todos. ¿Por qué entonces no establecieron un precio base de 25 millones de dólares? La prima habría sido entonces de 65 millones de dólares en lugar de 55 millones de dólares. ¿Por qué no ofrecieron una estructura de tarifas aún más alta y obtuvieron, digamos, 120 millones de dólares en lugar de 90 millones de dólares?

Obviamente entendemos las risas y las palmadas en la espalda de los funcionarios estatales. Casi podemos escucharlos decir “Maravilloso. Nos hemos deshecho de la responsabilidad del suministro de energía a la isla. Además de esto, hemos recibido un pago de impuestos inicial de US $ 90 millones además de todos los demás impuestos que podremos cobrar en el futuro. ¡Nadie resulto más sabio por eso! ¡Qué buena oferta! ¡Hagamos la siguiente! "

Segundo: si Cadafe y FIV dicen que se habrían sentido contentos con el precio base de US $ 35 millones, ¿por qué entonces, quitarán la prima de US $ 55 millones de la isla? Debemos recordar que la totalidad de los US $ 90 millones, y especialmente la prima de US $ 55 millones, serán pagados en última instancia por la población de Margarita.

Inmediatamente después de la venta, un funcionario celebró el evento diciendo que se sentía como Sammy Sosa de los Chicago Cubs de béisbol cuando conectó el jonrón 61. Como usuario del sistema eléctrico en Margarita, me sentí más como si me hubieran golpeado en la cabeza con la misma pelota de béisbol.

Sugiero que analicemos la posibilidad de que la prima de US $ 55 millones sea retenida por la isla. Esto al menos aliviaría algo del dolor que me causó en la cabeza la pelota de béisbol. Con ello, se podría obtener un beneficio directo para la isla del asunto, por ejemplo, otra tubería de agua potable. Evidentemente, si todos los 90 millones de dólares se quedaron en la isla, tanto mejor.

En resumen, no hay duda de que como venezolanos todos deberíamos estar aplaudiendo el éxito de la privatización de SENECA frente a tiempos difíciles. Sin embargo, como margariteño asimilado, me cuesta celebrarlo ya que su costo, una hipoteca de US $ 90 millones, se ha colocado directamente sobre los hombros de la isla.

Publicado en el Daily Journal

PRIVATIZAR SERVICIOS PUBLICOS - ¿UN IMPUESTO OCULTO?

A mis amigos, en broma y en serio, les comento sobre una reciente pesadilla en la cual el abuelo cariñosamente le regaló a sus nietas, mis hijas, unas acciones de la CANTV, con el resultado de que ellas, utilizando mi menguado flujo de caja, ahora se dedican durante todo el día a efectuar llamadas con la firme esperanza de cobrar un dividendo. El conflicto de interés al cual apunto, es decir, por un lado el consumidor de un servicio público que desea un servicio eficiente y barato y por el otro lado el inversionista que requiere un rendimiento, ha sido muy ignorado en Venezuela.
Cuando en 1991 se otorgaron las concesiones a las empresas de telefonía celular en Israel, el criterio de adjudicación consistía en seleccionar la empresa que ofrecía el mejor y mas barato servicio al consumidor. En Venezuela las ventas de empresas de servicios públicos o de concesiones similares se fundamentan en la maximización del ingreso del Estado, logrado mediante una especie de cobro de impuestos por adelantado, el cual será repagado por el consumidor año tras año por la vía de tarifas altas. Los resultados están a la vista, en Venezuela el costo por minuto de la telefonía celular supera en mas de diez veces el costo prevaleciente en Israel.
No hay razón para oponerse a que el Estado, por vía de la privatización, transfiera al sector privado la responsabilidad relativa a la prestación de un servicio público. No obstante, cuando la anterior transferencia se efectúa para enriquecer al Estado, al maximizar el precio de venta, nos enfrentamos a una nueva y extraña versión de un neoliberalismo tropical, inventado no para servir las necesidades de los ciudadanos, sino para satisfacer los inagotables requerimientos de ingresos de un sector político estatal.
Hoy, como consecuencia de la venta de CANTV, estamos cancelando mensualmente altos impuestos al pagar tarifas telefónicas superiores a las necesarias de no existir los políticos o el fisco demostrado tanta avaricia en el momento de la privatización. Para colmo, nuestros pagos ni siquiera aparecen registrados como impuestos que son, permitiéndole así a los políticos seguir sosteniendo la absurda tesis de que Venezuela es un país con una baja presión tributaria.
En estos momentos se acaba de anunciar la próxima privatización del Sistema Eléctrico de Margarita (SENE). Entre los anuncios se menciona un incremento de tarifa del 20% para 1999 y una "tarifa especial" para los temporadistas. Por cuanto soy temporadista y sospecho que una "tarifa especial" no se trata de algo bueno sino de algo muy costoso (los políticos han aprendido mucho de los vendedores de tiempo compartido), protesto este nuevo impuesto.
Supuestamente el 29 de este mes anunciaran el Precio Base del SENE, precio mínimo al cual habrán de otorgar la concesión eléctrica de Margarita por 50 años. A los que tienen un interés en Margarita les conviene recordar que por cada dólar que indique tal precio habrá por parte del inversionista la exigencia de un rendimiento y para el usuario la consecuencia de una mayor tarifa. La relación es muy sencilla. Si suponemos que no se hubiese incluido la promesa de un aumento del 20% para 1998 es muy posible que un inversionista pudiese seguir interesado en acometer las inversiones necesarias para que Margarita tenga un buen servicio de luz pero por supuesto tendría que ofrecer un menor precio al Estado.
Alguien puede protestar que el Estado no tiene derecho de vender estos activos por nada. No estoy seguro. La verdad es que los activos eléctricos de Margarita fueron financiados por los ingresos del Estado (principalmente los petroleros) por voluntad propia del Estado y como resultado de la gestión política de distribución de ingresos que se había aceptado. En estos momentos en que el Estado de hecho se esta librando de la responsabilidad de darle servicio eléctrico a Margarita, el que además trate de cobrar por esto me parece mas que exagerado.
Es mas, para el caso de Margarita, antes de que la Isla acepte que el Estado se desentienda de su futuro eléctrico (lo cual de todas formas le habrá de convenir a la Isla) debería exigirle a éste que asuma la responsabilidad de construir un nuevo cable submarino para así asegurar que la Isla también pueda usar energía hidroeléctrica a un precio razonable, tal como se le permite a lugares mas distantes como el Zulia o se le quiere permitir a Brasil.
Muchos de los problemas aquí mencionados surgen de haber encargado de las privatizaciones de los servicios públicos a un ente como el Fondo de Inversiones de Venezuela cuyo objetivo natural debe ser el de maximizar los ingresos. Lástima que el FIV termine logrando sus objetivos en los casos equivocados.
Finalmente desearía comentar sobre la incomoda situación en que se ha colocado el Estado cuando por un lado existe la obligación política de ofrecer tarifas razonables a los electores y por el otro se ha dejado rastros de publicidad que han pregonado a los cuatro vientos (no necesariamente con permiso de la Comisión Nacional de Valores) las inmensas bondades de estas inversiones. De ser cierto el dicho "música paga no suena" o lo que es igual, "impuesto cobrado y gastado no rinde", no le auguro las mejores posibilidades a los inversionistas.
Para evitar cualquier malentendido debo precisar que estos comentarios se refieren a la privatización de empresas proveedoras de servicios públicos. Para el caso de empresas como Sidor, es lógico que el Estado haya buscado maximizar sus ingresos.
Economía Hoy, 28 de Julio de 1998