En Septiembre de 1998, finalizando el gobierno anterior, el país fue testigo de la venta de Seneca y, con ello, de la privatización de la electricidad en Margarita. Por la venta de unos cachivaches eléctricos, de una concesión eléctrica por 50 años, que incluye períodos de exclusividad monopolística (10 años), más finalmente una estructura tarifaria altamente onerosa para el consumidor, se pagó, por el 70%, la fabulosa cifra de 63 millones de dólares.
Con tales dólares fácilmente se podría haber provisto a la Isla con un nuevo cable submarino (o quizás hasta con dos, por las nuevas tecnologías) y Margarita, como el resto de Venezuela, tendría acceso a la fuerza energética del Bajo Caroní. Alternativamente, podrían haber llevado el gas a la Isla. Nada de esto ocurrió, ya que prácticamente todo el dinero fue a parar a Caracas, nada de éste se invirtió en la electricidad de Margarita y hoy la Isla, en vez de hidro o gas, tiene que usar petróleo. ¡Qué bochorno!
La explicación de lo anterior radica en el fanatismo privatizador que arropó a las autoridades anteriores, llevándolos hasta el grado de buscar vender a toda costa sin siquiera contar, ni con una Ley Eléctrica, ni con un modelo económico para guiar al sector, ni con un ente Regulatorio lo suficientemente capacitado y fuerte como para dominar monopolios. El colmo fue, que para asegurarse de que nadie se echase para atrás, en la Ley de Privatizaciones de 1996 se le prohibió al sector eléctrico público acometer cualquier inversión nueva con deudas, lo cual hoy ha tenido como resultado el que presenciemos un sector eléctrico, muerto de sed por urgentes necesidades de inversión.
El país, por suerte, cuenta ya desde Septiembre de 1999 con una nueva Ley del Servicio Eléctrico, que permitirá a la Nación, en un plazo que estimo de dos años como máximo, estar en capacidad para retomar la senda de buscar introducir nuevas eficiencias y recursos al sector, buscando nuevas formas de propiedad. Esta vez, sin producir las aberraciones de un Seneca.
Soy un ferviente defensor de la participación del sector privado en la economía y, en tal sentido, deseo dejar claro, que al sugerir la búsqueda de nuevas formas de propiedad, ello en forma alguna pretende excluir o disminuir el rol de una privatización tradicional.
No obstante, cuando nos referimos a los servicios públicos con características de monopolio, en los cuales se presentan limitaciones al libre funcionamiento del mercado, es importante analizar otras alternativas distintas a las de sólo hacer una venta a un ente privado, obligándolo a enfrentarse ulteriormente a un continuo choque con las autoridades regulatorias.
En la actual coyuntura del sector eléctrico y del país, la creación de cooperativas o entes públicos descentralizados o la implementación de contratos de servicio privados para la gestión operativa son alternativas perfectamente válidas. Es más, sólo en la medida de que tales alternativas resulten descartadas, como consecuencia de un proceso justo y abierto, estaríamos creando las condiciones para lograr legitimar una privatización directa.
No debemos olvidar, al menos en el caso de la distribución eléctrica que si queremos tener la posibilidad de eliminar algunos de los males de los que adolece ese sector, tales como el robo de electricidad y la falta de pagos, es muy importante lograr la aceptación y la credibilidad de la comunidad.
Claro está, de la misma manera que siento una ilusión ante las posibilidades que tenemos de mejorar el servicio eléctrico en Venezuela, haciéndolo corresponder a la realidad de ser un país energéticamente bendecido, estoy consciente de que existen ciertos nubarrones a corto plazo, que el gobierno debe enfrentar con serenidad y firmeza.
Entre esos problemas obviamente destaca la urgencia de acometer cuantiosas inversiones, que simplemente no pueden esperar un desenlace estructural. No podemos darnos el lujo de esperar que se concluya la reestructuración, pero ello no justifica que por la sola necesidad de levantar recursos, nos lancemos al vacío a la búsqueda de otra Seneca, ello sería lastimoso. Obviamente que la pregunta que estaría entonces sobre el tapete sería ¿De dónde vamos a obtener los recursos?
Existen varias alternativas, entre las cuales la misma privatización indiscutiblemente que puede ser una de ellas, siempre y cuando se la limite al sector de la generación, área en la cual, el día de mañana habrá suficiente competencia para evitar los riesgos de crear distorsiones monopólicas.
Otra opción, que parece interesante, aún cuando probablemente muchos la pudieran ver con recelo, o hasta con envidia, sería la de darle un uso racional a los recursos del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM). Si ese Fondo le prestase al sector eléctrico público un monto cercano a los 500 millones de dólares, por un plazo holgado de 3 a 4 años, estoy seguro de que el sector eléctrico público estaría en capacidad de devolver ese préstamo al FIEM, con fondos provenientes de la reestructuración, cancelando incluso intereses similares a los pagados a las multilaterales, más una interesante prima de éxito, digamos el 20%, que hasta quizás se pagaría por sí sola, al considerar la mayor ganancia que se podría obtener por ejecutar el proceso con orden, pero sin prisa.
Otro de los problemas existentes se deriva de la manera como está estructurado el servicio eléctrico público. Habida cuenta de que quien tiene la responsabilidad de reestructurar el sector eléctrico es el Estado venezolano, poco debería importar, que por diversas circunstancias históricas, los activos eléctricos se encuentren repartidos en una diversidad de entes o empresas. Lamentablemente, sabemos que no es así. Un número importante de pequeños intereses egoísticos, crearán obstáculos a la racionalidad del proceso. No obstante, soy optimista y creo que la lógica habrá de prevalecer.
Publicado en Economía Hoy el 11 de Abril de 2000
Con tales dólares fácilmente se podría haber provisto a la Isla con un nuevo cable submarino (o quizás hasta con dos, por las nuevas tecnologías) y Margarita, como el resto de Venezuela, tendría acceso a la fuerza energética del Bajo Caroní. Alternativamente, podrían haber llevado el gas a la Isla. Nada de esto ocurrió, ya que prácticamente todo el dinero fue a parar a Caracas, nada de éste se invirtió en la electricidad de Margarita y hoy la Isla, en vez de hidro o gas, tiene que usar petróleo. ¡Qué bochorno!
La explicación de lo anterior radica en el fanatismo privatizador que arropó a las autoridades anteriores, llevándolos hasta el grado de buscar vender a toda costa sin siquiera contar, ni con una Ley Eléctrica, ni con un modelo económico para guiar al sector, ni con un ente Regulatorio lo suficientemente capacitado y fuerte como para dominar monopolios. El colmo fue, que para asegurarse de que nadie se echase para atrás, en la Ley de Privatizaciones de 1996 se le prohibió al sector eléctrico público acometer cualquier inversión nueva con deudas, lo cual hoy ha tenido como resultado el que presenciemos un sector eléctrico, muerto de sed por urgentes necesidades de inversión.
El país, por suerte, cuenta ya desde Septiembre de 1999 con una nueva Ley del Servicio Eléctrico, que permitirá a la Nación, en un plazo que estimo de dos años como máximo, estar en capacidad para retomar la senda de buscar introducir nuevas eficiencias y recursos al sector, buscando nuevas formas de propiedad. Esta vez, sin producir las aberraciones de un Seneca.
Soy un ferviente defensor de la participación del sector privado en la economía y, en tal sentido, deseo dejar claro, que al sugerir la búsqueda de nuevas formas de propiedad, ello en forma alguna pretende excluir o disminuir el rol de una privatización tradicional.
No obstante, cuando nos referimos a los servicios públicos con características de monopolio, en los cuales se presentan limitaciones al libre funcionamiento del mercado, es importante analizar otras alternativas distintas a las de sólo hacer una venta a un ente privado, obligándolo a enfrentarse ulteriormente a un continuo choque con las autoridades regulatorias.
En la actual coyuntura del sector eléctrico y del país, la creación de cooperativas o entes públicos descentralizados o la implementación de contratos de servicio privados para la gestión operativa son alternativas perfectamente válidas. Es más, sólo en la medida de que tales alternativas resulten descartadas, como consecuencia de un proceso justo y abierto, estaríamos creando las condiciones para lograr legitimar una privatización directa.
No debemos olvidar, al menos en el caso de la distribución eléctrica que si queremos tener la posibilidad de eliminar algunos de los males de los que adolece ese sector, tales como el robo de electricidad y la falta de pagos, es muy importante lograr la aceptación y la credibilidad de la comunidad.
Claro está, de la misma manera que siento una ilusión ante las posibilidades que tenemos de mejorar el servicio eléctrico en Venezuela, haciéndolo corresponder a la realidad de ser un país energéticamente bendecido, estoy consciente de que existen ciertos nubarrones a corto plazo, que el gobierno debe enfrentar con serenidad y firmeza.
Entre esos problemas obviamente destaca la urgencia de acometer cuantiosas inversiones, que simplemente no pueden esperar un desenlace estructural. No podemos darnos el lujo de esperar que se concluya la reestructuración, pero ello no justifica que por la sola necesidad de levantar recursos, nos lancemos al vacío a la búsqueda de otra Seneca, ello sería lastimoso. Obviamente que la pregunta que estaría entonces sobre el tapete sería ¿De dónde vamos a obtener los recursos?
Existen varias alternativas, entre las cuales la misma privatización indiscutiblemente que puede ser una de ellas, siempre y cuando se la limite al sector de la generación, área en la cual, el día de mañana habrá suficiente competencia para evitar los riesgos de crear distorsiones monopólicas.
Otra opción, que parece interesante, aún cuando probablemente muchos la pudieran ver con recelo, o hasta con envidia, sería la de darle un uso racional a los recursos del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM). Si ese Fondo le prestase al sector eléctrico público un monto cercano a los 500 millones de dólares, por un plazo holgado de 3 a 4 años, estoy seguro de que el sector eléctrico público estaría en capacidad de devolver ese préstamo al FIEM, con fondos provenientes de la reestructuración, cancelando incluso intereses similares a los pagados a las multilaterales, más una interesante prima de éxito, digamos el 20%, que hasta quizás se pagaría por sí sola, al considerar la mayor ganancia que se podría obtener por ejecutar el proceso con orden, pero sin prisa.
Otro de los problemas existentes se deriva de la manera como está estructurado el servicio eléctrico público. Habida cuenta de que quien tiene la responsabilidad de reestructurar el sector eléctrico es el Estado venezolano, poco debería importar, que por diversas circunstancias históricas, los activos eléctricos se encuentren repartidos en una diversidad de entes o empresas. Lamentablemente, sabemos que no es así. Un número importante de pequeños intereses egoísticos, crearán obstáculos a la racionalidad del proceso. No obstante, soy optimista y creo que la lógica habrá de prevalecer.
Publicado en Economía Hoy el 11 de Abril de 2000
